Otro aeropuerto español más en bancarrota. Sacyr ha pedido el preconcurso de acreedores para el de Murcia. La constructora que hasta ahora lideraba el consorcio que levantaba las instalaciones del aeródromo murciano, que ni tan siquiera ha entrado en funcionamiento, estudia además demandar al Gobierno regional.
La sociedad concesionaria de las obras del Aeropuerto Internacional Región de Murcia soporta unas deudas de 200 millones de euros y recientemente el Gobierno autonómico había decidido retirarle la concesión al entender que no se habían cumplido los plazos pactados. Mientras tanto, Sacyr y sus socios de proyecto defienden que han cumplido los tiempos y los importes, habiendo invertido ya 250 millones de euros en un proyecto que aterriza de emergencia antes si quiera de despegar.
Con la solicitud de preconcurso, Sacyr busca conseguir un acuerdo de refinanciación de deuda valiéndose del periodo de gracia de hasta cuatro meses que supone esta figura jurídica de protección contra la quiebra efectiva. El grupo que preside Manuel Manrique se coloca como cabeza de la negociación, ya que controla un 60,65% del capital de la sociedad conjunta que se hizo con el encargo del nuevo aeropuerto en julio de 2007.
El resto de inversores atrapados en las complicadas finanzas del Aeropuerto de Murcia y el rifirrafe judicial con el Gobierno regional son Grupo Fuertes, propietario de la marca cárnica El Pozo; la constructora Montisa, ligada a la familia Montoro; BMN, por herencia de Caja Murcia; Banco Sabadell, a consecuencia de la absorción de la CAM; Inocsa y Cementos La Cruz. Todos ellos habían solicitado al equipo del presidente regional Ramón Luis Valcárcel y a los órganos judiciales competentes la adopción de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio financiero de la concesión y garantizar su “pronta puesta en servicio”, según se recoge en el documento remitido al supervisor bursátil.
Pese a estos contactos, denuncia Sacyr, el pasado 16 de septiembre la Consejería de Obras Públicas de Murcia había declarado la resolución del contrato de concesión por no haberse puesto en marcha las instalaciones a lo largo del año 2012. A este respecto, la cotizada ha anunciado “cuantas acciones le correspondan en derecho para defender sus legítimos intereses”. Algo que se concretará en medidas para impugnar la retirada de la concesión y solicitar el reintegro de los fondos destinados a la obra, así como indemnización por todos los daños y perjuicios ocasionados, detalla el comunicado.
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