Pescanova no tiene dinero para afrontar la fianza que le ha impuesto el juez Ruz. Así lo han reconocido los administradores concursales de Deloitte mediante una misiva dirigida al supervisor del mercado. En ella se alude a la “situación de insolvencia” del antiguo gigante de la industria española, que acaba de entregar en los juzgados de Pontevedra un informe pormenorizado de sus maltrechas finanzas.
En el comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el actual equipo gestor de Pescanova reconoce estar “estudiando las consecuencias y eficacia que la adopción de esta medida puede tener […], sin perjuicio de la defensa legal que, en su caso proceda”. Una advertencia al magistrado de la Audiencia Nacional que ha puesto a la marca matriz de la compañía una fianza de 54,8 millones de euros.
El importe es tan elevado que supone casi el total de lo que Pescanova consiguió con su préstamo puente de urgencia gracias al cual sigue a duras penas a flote. A finales del pasado mes de junio, la pesquera consiguió gracias al apoyo de la Xunta de Galicia una línea de crédito de 56 millones de euros que se evaporarían si la cotizada tuviera que hacer fuente a la fianza que por el momento le ha impuesto el juez Pablo Ruz. Por no hablar de los 69,415 millones adicionales que ha impuesto a otras cinco sociedades del grupo.
La exigencia de la fianza llega justo cuando Deloitte ha conseguido remitir al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra el informe detallado de sus maltrechas finanzas. Los administradores concursales tenían hasta finales de agosto para cumplir con esta exigencia para avanzar en la salida de la compañía de la complicada situación en que se encuentra.
Aunque la compañía no ha dado cifras concretas sobre el balance recién redactado, fuentes familiarizadas con el asunto apuntan hacia deudas por más de 3.600 millones de euros, más incluso de lo anunciado en su momento por los auditores forenses de Deloitte. Y es que, no se espera ya que las cuentas del ejercicio 2012 de la compañía lleguen antes del próximo mes de octubre, sin que lleguen a tiempo de la junta de accionistas convocada para la próxima semana.
En los cuarteles generales de Deloitte, aportados como garantía del préstamo puente ya comentado, se baraja ahora la posibilidad de recurrir las medidas decretadas por el juez Ruz. Entre los motivos a alegar podría estar el que la sociedad en sí misma no era responsable civil de las imputadas malas prácticas de sus directivos. Por su parte, los abogados del expresidente Manuel Fernández de Sousa ya han comenzado a trabajar para esquivar la fianza de 178,8 millones de euros que sería incapaz de afrontar, quedando a las puertas del embargo judicial de sus bienes.
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