Ence estrena con avances del 4% su recompra de acciones

La compañía papelera recibió una polémica prórroga de actividad por seis décadas para una de sus principales fábricas de parte del Gobierno en funciones.

El arranque del programa de recompra de acciones propias de Ence se traduce en alzas del 4,4% para la compañía papelera. La entrada en vigor de este plan que tiene por objetivo retribuir a los accionistas mediante la posterior amortización de autocartera sitúa a la cotizada en el disparadero de muchas carteras de inversión oportunista.

La recompra de acciones fue aprobada por el consejo de administración de Ence el pasado 23 de junio, sin embargo su entrada en vigor se pospuso hasta este miércoles. Con un plazo máximo de un año de duración, los gestores de MG Valores a los que se ha confiado la operación tienen un techo de cuatro millones de acciones propias equivalentes a un 1,6% de su capital social y 10 millones de euros.

Estas compras se producirán a precio de mercado y dentro de condiciones de precio y volumen establecidas por el reglamento interno de la cotizada, según se notificó hace casi una semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, se articulan en la facultad conferida al consejo de administración por la junta general de accionistas celebrada en el año 2012.

Los analistas, entre ellos los de Ahorro Corporación Financiera, califican la noticia de “positiva” para la evolución bursátil de Ence. Si bien el mercado ya ha tenido tiempo para descontar el efecto de las compras, la irrupción de carteras oportunistas a la búsqueda de rentabilidad a corto plazo gracias al refuerzo del lado comprador de la ventanilla inversora promete alentar el rebote en una compañía que acumula la pérdida de un 39% de su capitalización desde que empezó el año.

Precisamente a principios del año, el Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy aprobó una polémica prórroga por 60 años para la factoría que la papelera tiene en la ría de Pontevedra. Esta planta se levantó en los años 50 y las quejas de partidos de la oposición y grupos ecologistas habían exigido el desmantelamiento de la misma, ubicada sobre terrenos de litoral público en virtud de la vigente Ley de Costas.

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