La retirada de posiciones se acelera ante la oleada de indemnizaciones a pequeños accionistas y ahorradores que la entidad podría tener que afrontar.
El castigo inversor a Bankia se recrudece en la sesión de este jueves con descensos de hasta el 3,4% en Bolsa. La gráfica de la entidad nacionalizada se hunde así hasta un mínimo intradía de 0,89 euros, su cotización más baja desde septiembre de 2013, apenas unos meses después de llevar a cabo su agresivo contraslplit.
Hacía dos años y medio que la heredera de Caja Madrid y otras seis entidades de ahorros no visitaba una cota de negociación tan ínfima. Desde entonces, en ningún caso se había despedido si quiera de los 0,90 euros por título. En lo que va de año, el descalabro provocado por las tensiones de los mercados, las dudas sobre el proceso de saneamiento financiero en Italia y ahora la puerta abierta al pago de indemnizaciones han evaporado un 16% del valor bursátil de la nacionalizada.
El Tribunal Supremo ha determinado que Bankia incurrió en falsedades en las cuentas con las que se presentó a los inversores en su estreno en Bolsa. Una operación que habría tenido por objetivo asegurar el éxito de una colocación con la que buscaba esquivar la intervención estatal, que tuvo que terminar produciéndose para asegurar la pervivencia de la entidad y ascendió a más de 40.000 millones de euros.
Los expertos ya han hecho cálculos y consideran que un tercio de las dotaciones para reclamaciones de pequeños accionistas podrían cargarse contra resultados, lo que limitaría el alcance de sus cuentas de cierre del ejercicio 2015 que tenía previsto presentar este mismo lunes. Desde Ahorro Corporación cifran el impacto en balance por cerca de 1.840 millones de euros.
De poco ha servido para frenar la sangría inversora que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, haya asegurado que la entidad está bien dotada para afrontar sus posibles responsabilidades frente a sus accionistas iniciales. Además, la decisión del tribunal abre la puerta incluso a que los institucionales, que hasta ahora habían quedado excluidos de los procesos de reclamación judicial, puedan ahora hacerlo alegando falsedad documental, según apuntan gestores y juristas.
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