S&P amenaza a Carmena con una posible rebaja de rating a Madrid

Esta advertencia llega a tres de que se cumplan los 100 días de Carmena al frente del Consistorio. El habitual periodo de gracia para los nuevos cargos públicos. La alcaldesa de Madrid ya se ha ganado la primera advertencia de los grandes de las finanzas por su anunciada auditoría a la deuda del Ayuntamiento. La agencia Standard & Poor’s (S&P) ha rebajado a negativa la perspectiva del rating de la capital española ante el temor de lo que pueda deparar la iniciativa de Manuela Carmena.

Desde la agencia estadounidense se explica que la auditoría que Ahora Madrid llevaba en su programa electoral podría entrañar “implicaciones negativas en la disposición de la ciudad de pagar su deuda a su vencimiento”. En este caso, la perspectiva negativa que suele ser antesala de una rebaja de rating confirmaría su mutación tan pronto como se percibieran síntomas en búsqueda de reestructuración o incumplimiento de obligaciones por considerarlas “ilegítimas”.

Esta advertencia llega además poco antes de que se cumplan los 100 días de Carmena al frente del Consistorio madrileño. El habitualmente conocido como periodo de gracia para los nuevos cargos públicos, que ella misma ha reivindicado en más de una ocasión, llega a su fin y los grandes de los mercados se apresuran a lanzar sus advertencias sobre el guion económico a seguir por su equipo de Gobierno.

En torno a este punto, S&P advierte de que el único camino para recuperar la perspectiva estable para la calificación crediticia de la capital sería tener evidencias de que la auditoría no conducirá a la postre en que ninguna decisión posterior pase por dejar de pagar la deuda que fue adquirida legalmente por anteriores equipos de gobierno y no vieran una potencial fuente de riesgo en la cultura de crédito de la nueva administración.

S&P no duda en calificar a Ahora Madrid como “plataforma de izquierdas”. Aunque reconocen que la regidora municipal ha explicado ya que se seguirá pagando puntualmente toda obligación de deuda y que la Constitución española recoge desde una reciente enmienda la necesidad de que los entes públicos cuenten con recursos suficientes para cumplir con sus compromisos con acreedores, los analistas de la agencia insisten en sus temores a que alguna partida de pasivo se considere ilegítimo y se abra un proceso ciudadano para dirimir cómo proceder en adelante.

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