El sindicato bancario conocido como G7 ha remitido un burofax a la compañía advirtiendo de que podrían denunciar incumplimiento de convenio y provocar la liquidación. Pescanova finalmente ha cedido a la presión de sus bancos acreedores y no dará ya más batalla por salvar el peso de sus pequeños accionistas. El consejo de administración de la pesquera gallega ha renunciado finalmente a su propuesta de reordenación accionarial y asumirá el nuevo mapa de poder previsto por las entidades financieras.
La nueva cúpula directiva de la compañía da cuenta de su decisión en un comunicado que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que explica los motivos que le han llevado a tirar la toalla. El principal de ellos, la recepción de un burofax en la sede de Pescanova suscrito por el sindicato de siete grandes bancos acreedores conocidos como G7 en el que se explicitaba el rechazo más absoluto a la hoja de ruta planteada por la gallega.
No obstante, los acreedores no se habrían conformado con dejar patente su oposición a un plan que reconocían más “atractivo” para los antiguos accionistas del grupo. En el mismo burofax con fecha del pasado 10 de agosto habrían advertido de la toma de “las acciones legales que pudieran corresponderles en defensa de sus derechos e intereses, incluyendo las de declaración de incumplimiento de los convenios” si se presentaba a la junta de accionistas alguna propuesta de carácter “subsidiario o alternativo”.
De este modo, el consejo de administración ha desistido en su intención de asegurar a sus viejos accionistas un peso de al menos el 20% de su nuevo capital social. Una medida que además, señalan analistas, hubiera permitido al equipo directivo una mayor discrecionalidad al contar los bancos acreedores con un peso más llevadero en el accionariado una vez canjeadas sus deudas por acciones de nueva emisión.
El consejo de administración defiende que renuncia a su plan original “con el único fin de evitar cualquier eventual riesgo para la continuidad y permanencia del grupo Pescanova”. Y es que, en caso de denunciar incumplimiento de convenio, la tarea llevada a cabo desde que hace más de dos años saltó por los aires el escándalo del falseo de cuentas de la compañía gallega quedaría en saco roto y en lugar de acercarse a la resolución definitiva de su situación concursal podría precipitarse la liquidación.
A la luz de este cambio de guion, la compañía ha anunciado que la junta de accionistas prevista para finales del próximo mes de septiembre debatirá “exclusivamente” sobre una propuesta de acuerdo en el marco del convenio de acreedores. Antes bien, se ratifica en que a su entender la propuesta era “plenamente compatible” con lo acordado con los bancos que ven en la proposición “una desviación unilateral” sobre el documento ya pactado.
La consecuencia directa para los accionistas atrapados en el capital de Pescanova desde que se descubrieron las malas artes de la anterior directiva comandada por el expresidente Manuel de Sousa es que en el mejor de los casos quedarán relegados a un 5% del capital social de la compañía. La nueva ejecutiva pretendía que las mejoras operativas y de negocio de la gallega fueran aval suficiente como para que los bancos asumieran un menor peso accionarial ante la expectativa de los rendimientos futuros de la firma piscícola.
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