El inversor particular vuelve a ser el principal demandante de información al representar un 83% del total de solicitudes. Los concursos de acreedores han abocado a la suspensión de negociación a un buen número de cotizadas del parqué madrileño. Los inversores no pueden disponer de sus acciones pero deben seguir afrontando el pago de comisiones de mantenimiento a sus brókeres bursátiles. Una circunstancia contra la que clama el Protector del Inversor.
La propuesta ha quedado recogida en el Informe del ejercicio 2014 del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid. En el documento se recoge que “el caballo de batalla han sido las innumerables consultas que llegan motivadas por la cantidad de valores suspendidos en Bolsa, la mayoría en situación concursal”. En este sentido, se apunta que “sería conveniente que las entidades depositarias […] valorasen la posibilidad de no aplicar comisiones de custodia, con el fin de no perjudicar aún más al inversor”.
En su informe anual, Carlos Fernández destaca también que el inversor particular es el principal demandante de información al representar un 83% del total. Este porcentaje supera en cuatro puntos el registrado un año antes y supone el mayor desde la creación de la oficina. A ello contribuye el que las entidades financieras y organismos públicos remiten al inversor particular a esta oficina por considerarla una vía rápida y neutral para informar, ha destacado Bolsas y Mercados Españoles (BME) en una nota al respecto.
A pesar del incremento de solicitudes de información, durante el año 2014 se ha producido un notable descenso en el número de expedientes tramitados. Fueron un total de seis, de los que no se ha emitido ningún informe al no haberse desarrollado una función arbitral. Del número de expedientes tramitados, el 67% han terminado en acuerdo entre las partes y el 33% en no ser competencia del Protector.
Sobre este último particular, Fernández destaca el incremento de solicitudes vinculadas con el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a consecuencia de las crisis sufridas por algunas de sus compañías. El Protector del Inversor se limita en estos casos a “remitir a los inversores a las fuentes de las que pueden obtener la información solicitada”, recoge el informe.
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