Una de las viviendas habilitadas para migrantes y solicitantes de asilo en Lesbos, Grecia
La organización internacional advierte del deterioro de la situación humanitaria, especialmente tras la suspensión de la ayuda económica a los solicitantes de asilo.
La crisis humanitaria en el Centro de Acceso Controlado y Cerrado de Samos ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Según informó MSF, seis niños, de entre seis meses y seis años, fueron diagnosticados con desnutrición aguda y necesitan intervención médica inmediata.
Este es el primer brote de desnutrición infantil registrado desde 2021, año en el que el centro comenzó a operar tras una inversión de 43 millones de euros de la UE.
“La inseguridad alimentaria prolongada, combinada con un acceso inadecuado a la atención médica, pone a los niños en grave riesgo”, señaló Jristina Psará, directora de MSF en Grecia
A la crisis alimentaria se suma la supresión de la asistencia financiera mensual que recibían los solicitantes de asilo en Grecia. Desde junio pasado, el Gobierno conservador griego suspendió esta ayuda, dejando a las familias sin recursos básicos para adquirir alimentos.
Médicos Sin Fronteras advierte que la falta de ingresos incrementa la vulnerabilidad de los menores, al impedir a las familias garantizar una nutrición adecuada.
Aunque el centro de Samos fue diseñado para 3.000 personas, actualmente alberga a más de 3.300 refugiados, de los cuales aproximadamente el 25 % son niños.
La atención sanitaria, y en particular la atención pediátrica, es insuficiente tanto dentro del campo como en toda la isla. Las condiciones de vida —falta de agua potable, medicinas, ropa y educación— han sido denunciadas repetidamente por diversas oenegés y medios locales.
Un reportaje de News247 mostró imágenes impactantes de menores durmiendo en el suelo y baños en condiciones insalubres, favoreciendo la propagación de enfermedades como la sarna
Organizaciones nacionales e internacionales han criticado duramente al Gobierno griego por mantener a cientos de menores migrantes no acompañados en una situación de ‘detención de facto’ que excede el límite legal de 25 días. Esta práctica, llevada a cabo tanto en Samos como en otros centros del país, vulnera la legislación internacional sobre protección de la infancia.
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