Estudios de Telemadrid
“Este jueves se va a perpetrar el ataque contra la independencia de Telemadrid”, ha afirmado Mónica García tras la Junta de Portavoces de la cámara autonómica. Según la dirigente de Más Madrid, “no sabemos exactamente qué le molesta más al Gobierno de Ayuso” de la cadena, ya que será la primera norma que saldrá adelante en esta legislatura.
“Visto que es una de sus prioridades”, ha destacado, “igual lo que le molesta es que haya aumentado la audiencia” o “que, en vez de tener un director que es un profesional, no es un lacayo”. Y es que, la reforma tumbará a la actual dirección del ente madrileño.
Ante esto, Mónica García ha anunciado que “vamos a poner todas nuestras herramientas que estén a nuestro alcance para impedir esta agresión”. Por ello, va a solicitar al Gobierno que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional con medidas cautelares “para que no se lleve a cabo esta aberración legislativa que quiere imponer el PP en la Comunidad de Madrid”.
“No queremos más ‘teleayusos’, no queremos más ‘teles’ del PP, queremos una televisión que sea profesional, en la que se le pueda preguntar libremente a una presidenta lo que sea y una televisión que asegure que su dirección no está movida por los hilos de Génova”. Así lo ha defendido la diputada autonómica, que ha abierto la puerta a llevar este asunto también ante el Defensor del Pueblo.
Según ha explicado, “estamos viendo la viabilidad de mandar un escrito al Defensor del Pueblo por lo que consideramos que es un antojo, un capricho que va contra los pilares del derecho de los madrileños a la información”.
Varias organizaciones profesionales, sociales, sindicales y políticas han suscrito el manifiesto ‘En Defensa de la Radio Televisión Pública de Madrid y la Libertad de Información’ ante la mencionada votación de este jueves. En su opinión, la reforma propuesta “reduce peligrosamente los mecanismos de salvaguarda de independencia y pluralidad que contiene en la actualidad”.
Tal y como recuerdan, los cambios legislativos que contempla pasa por reducir a cuatro años el mandato del director general, que en la actualidad es de seis años. También crea la figura de un administrador provisional con las mismas competencias y atribuciones del director general que podrá ser aprobado por mayoría absoluta en segunda votación. Además, elimina a los representantes del consejo de administración que pertenecen a asociaciones de la sociedad civil y las competencias del Consejo de Administración respecto a los nombramientos del personal directivo.
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