El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha presentado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para investigar la relación que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un “delito de alzamiento de bienes”.
En la denuncia, de la que informa Europa Press, los diputados de Más Madrid exponen que el 2 de febrero de 2011 se aprueba la operación de crédito por parte del Comité Directivo de la sociedad Avalmadrid en virtud de la cual se prestan 400.000 euros sobre la finca Urbana, en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad de familiares de Ayuso con un plazo de devolución de 36 meses, con el objeto de adquirir equipos médicos.
La operación de crédito aprobada se garantizaría mediante la constitución de hipoteca sobre la citada finca: Urbana, una parcela de terreno y nave industrial, de la que eran socios familiares de Ayuso: Leonardo Díaz Álvarez, Isabel Cristina Ayuso Puente, Juan Carlos Herrero Casasola, María Victoria Fernández Moyano, Juan Manuel Pitarch Divar, María Carmen Elvira Angulo López Cancio, José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero.
Además, señalan que Ayuso solicitó “una serie de informaciones a los directivos de una empresa pública con la finalidad de obtener información privilegiada respecto a datos de terceros protegidos por la confidencialidad y con el objetivo de beneficiar económicamente a su familia y a sí misma”.
En la denuncia exponen que el 26 de noviembre 2012, siete meses después del abono de la deuda por Avalmadrid a la entidad financiera Caja España (Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad) se trasmite la deuda a Cobralia Servicios Integrales de Recuperación para que inste las acciones legales correspondientes. El 28 de enero de 2013 se registra demanda de ejecución hipotecaria de la finca hipotecada por MC Infortécnica.
Más Madrid sostiene que “estas actuaciones son, cuanto menos, irregulares a la vista de lo que prescribe el protocolo ordinario de Avalmadrid que impone la trasmisión a terceros para la judicialización en un plazo de 15 días tras el abono a la entidad financiera”.
El grupo parlamentario también hacen alusión a una entrevista de la presidenta regional en la que afirma y reconoce dos cosas “que se interesó por saber con qué persona había que hablar para la concesión del préstamo” y que lo único que quería su padre era “que ella y su hermano heredasen los pocos bienes que ellos tenían”. Lo que a juicio de Más Madrid significa que “reconoció tanto el posible tráfico de influencias, solicitando información confidencial, así como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito”.
A la vista de los hechos expuestos, Más Madrid señala en la denuncia que creen estar ante “un posible delito de alzamiento de bienes” puesto que existen “indicios muy consistentes de que ha existido una clara voluntad de perjuicio al deudor”
Asimismo, han indicado que existen “indicios muy razonables” para alcanzar la conclusión de que durante el periodo transcurrido desde 2011 a 2018 los avalistas hicieron “hecho entrega, venta o donación a terceros de sus bienes personales” con “el más que probable único objetivo de generar una situación de insolvencia que evitase cumplir con sus obligaciones con Avalmadrid y las entidades financieras que aportaron el préstamo”.
Además, creen que junto a los ocho avalistas han participado en estas actuaciones “diversos familiares” de la dirigente autonómica que, “de manera activa han aceptado las donaciones conociendo su carácter instrumental”.
Según Más Madrid, Ayuso utilizó, “prevaliéndose de sus relaciones personales”, información “confidencial” del resto de avalistas solidarios y que dichas comunicaciones “pueden incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias tanto del artículo 428 como 429 del Código Penal”.
Por todo ello, piden a la Fiscalía que se abran las “diligencias correspondientes” que conduzcan “al esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento”, y ordene la práctica de “las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos” y “a la posible alarma social creada”.
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