Ana Botella, exalcaldesa de Madrid
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, considera que recurrir la sentencia que absolvió a Ana Botella por vender 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión en 2013 es “derrochar el dinero público”, pero Más Madrid no está de acuerdo y amenaza con dar la batalla en todos los frentes posibles, Su objetivo: tratar de recuperar el dinero que perdieron las arcas municipales en esa polémica operación, así como depurar responsabilidades.
Lo ha adelantado el concejal José Manuel Calvo, quien en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que Más Madrid estudiará acciones judiciales y administrativas “para recuperar el dinero” de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), recordando que el Tribunal de Cuentas cuantificó en 25,7 millones de euros el daño patrimonial producido en las arcas públicas por la venta de viviendas sociales a un ‘fondo buitre’ que realizó el equipo de Botella.
Calvo hace estas declaraciones después de que Almeida anunciara que no va a recurrir el fallo que en segunda instancia absolvió a Ana Botella tras una primera condena de pago de 25,7 millones de euros. El alcalde incluso ha despedido a la persona encargada de preparar el recurso ante el Tribunal Supremo, lo que deja en agua de borrajas la proposición que aprobó el Ayuntamiento solo hace dos meses en la que instaba a la EMVS a recurrir dicha sentencia
El edil de Más Madrid niega que exista derroche alguno y recuerda que la necesidad de procurador en el proceso no supone gasto alguno añadido dado que la EMVS tiene firmado un acuerdo marco para contratar un servicio de procuradores con su dotación presupuestaria, servicio que la empresa pública emplea permanentemente en las reclamaciones patrimoniales.
“No cuesta un euro al erario público”, ha insistido el concejal destacando que es el servicio jurídico de la EMVS el que ha estado montando el recurso que finalmente parece que no prosperará.
Añade Calvo que tanto el alcalde como todos los concejales de gobierno deben “ser conscientes de que con estas actuaciones están jugando con fuego” porque “que un gobierno municipal renuncie a reclamar un posible daño patrimonial de 25,7 millones de euros no es una broma” e incluso “puede ser constitutivo de delito”.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por su parte, también ha anunciado en su cuenta de Twitter que están preparando escritos para instar a la Fiscalía a que recurra la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas y la venta de la vivienda social no quede impune”.
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