Imagen de una vivienda en alquiler
La reciente entrada en vigor del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) ha generado desconcierto en el mercado inmobiliario español. Los propietarios particulares buscan alternativas ante las limitaciones de rentabilidad que impone la normativa, lo que podría provocar una menor oferta de viviendas destinadas al alquiler tradicional, perjudicando especialmente a jóvenes y colectivos vulnerables que buscan vivienda por primera vez.
El 62% de los arrendadores españoles encuestados prevé tomar medidas para compensar la limitación de ingresos provocada por el IRAV. Concretamente, un 30% pretende fijar un precio superior al índice, y un 21% afirma buscar directamente a inquilinos capaces de asumir pagos más elevados.
Un 10% de propietarios planea vender sus viviendas arrendadas por la limitación del IRAV, mientras que un 9% las destinará al alquiler vacacional
Además, un 8% adicional contempla la posibilidad de adquirir más inmuebles como inversión, buscando mantener la rentabilidad pese a la legislación vigente.
Desde enero de 2025, el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) sustituyó al tope del Gobierno que desvinculó la actualización anual de las rentas del IPC. Este límite, inicialmente establecido en un 2% durante la crisis inflacionista de 2022, pasó al 3% en 2023 y 2024, y actualmente se sitúa en un 2,08% según la última publicación del INE (marzo de 2025).
La normativa actual busca aliviar el coste del alquiler para los inquilinos existentes, pero puede provocar efectos contraproducentes al reducir la oferta disponible
La introducción del IRAV ha generado gran confusión. Actualmente, más del 40% de arrendadores e inquilinos desconoce su existencia o funcionamiento. En detalle, un tercio (33%) de los arrendadores afirma desconocer el IRAV, mientras que el porcentaje aumenta al 51% entre los inquilinos.
Pese a las quejas iniciales, dos tercios (65%) de los propietarios conocedores del IRAV aseguran sentirse poco o nada perjudicados. Sin embargo, crece paulatinamente el porcentaje de arrendadores que percibe negativamente esta medida: del 30% en 2024, al 35% actual.
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