Más de la mitad de los afectados por la pobreza energética quedará fuera del nuevo bono social

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), un grupo interdisciplinar de expertos que lleva desde 2012 analizando el impacto de la pobreza energética en España, ha puesto en cuestión la efectividad del nuevo bono social para hacer frente a este problema. Según sus cálculos, más de la mitad de los consumidores en dificultades quedaría fuera de esta ayuda al pago del recibo de la luz, mientras que un alto porcentaje de potenciales beneficiarios no están realmente en situación de pobreza energética.

Dentro de su ‘4º estudio sobre la Pobreza Energética en España’, ACA determina que alrededor de nueve millones de personas podrían acogerse al descuento en la factura eléctrica (que lleva en vigor desde el pasado mes de octubre), teniendo en cuenta los datos sobre pobreza energética relativos a 2016. Los expertos utilizan cuatro indicadores para evaluar la pobreza energética: la capacidad para mantener una temperatura adecuada en el hogar y los retrasos en el pago de recibos, ambas informaciones recogidas en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV); y por otro lado el porcentaje de los ingresos destinados al pago de los servicios de suministro energético y la denominada como ‘pobreza energética escondida’, es decir, los hogares que gastan una cantidad inusualmente baja en energía, datos procedentes de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

En concreto, de acuerdo a la base de datos de la ECV habría al menos 8,6 millones de potenciales beneficiarios del nuevo bono social, lo que supondría el 18,8% de la población residente en España; mientras que teniendo en cuenta la base de datos de la EPF, el número ascendería a los 9,5 millones, el 20,6% de la población. Según ACA, los cálculos apoyados en la información de la ECV son más fiables, pues esta encuesta también cruza los datos de la Agencia Tributaria.

En base a los indicadores de la ECV y al análisis de los criterios realizado por los citados expertos, de todos los potenciales beneficiarios del bono social, solo un 32% y están en situación de pobreza energética, es decir, el 68% de los potenciales perceptores de la ayuda “no presenta dificultades para mantener un nivel de consumo de servicios domésticos de la energía adecuado”, aunque sí tenga niveles reducidos de ingresos. En cambio, el 60% de las personas residentes en España que sí están en situación de pobreza energética teniendo en cuenta estos criterios, es decir, que no son capaces de mantener la vivienda caliente en invierno o se retrasan en el pago de las facturas (o ambas cosas a la vez) no podrían acceder al bono por no cumplir los criterios.

En cifras concretas: se quedarían sin ayuda más de cuatro millones de personas que sí la necesitarían, mientras que 5,9 millones de consumidores que no la necesitan son potenciales beneficiarios.

Por su parte, en el caso de los indicadores de la EPF, el 38% de los perceptores del descuento (3,6 millones de personas) no estaría realmente en situación de pobreza energética y el 55% de los que padecen ‘pobreza energética escondida’ o tienen que destinar al pago de los recibos energéticos un alto porcentaje de sus ingresos (7,3 millones en total) no podrían acogerse al bono.

Esto se explicaría porque una parte significativa de población afectada por la pobreza energética no está en los grupos de rentas más bajos. Además, por ejemplo, pueden acogerse al bono todas las familias numerosas, independientemente de su situación.

El bono social es un descuento en la factura de la luz del 25% para los hogares considerados como vulnerables, que se amplía hasta el 40% para los consumidores vulnerables severos.

Pueden acogerse a estas ayudas los consumidores considerados como vulnerables, aquellos cuya renta anual de la unidad familiar sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. Tendrán un descuento en la factura del 25%, que se amplía hasta el 40% para los consumidores vulnerables severos. Según la información suministrada por las comercializadoras de referencia, a finales de marzo tan solo unos 400.00 consumidores habían solicitado el nuevo bono social y apenas 170.000 lo habían obtenido, es decir, tan solo un 7% de los 2,3 millones de beneficiarios anteriores. El Gobierno se ha visto obligado a prorrogar el plazo de solicitud, que en principio finalizaba el 10 abril, seis meses más.

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