Concentración ante la casa Orsola de Barcelona (Foto: Lorena Sopena - Europa Press)
A Josep, el vecino afectado, se le acabó el contrato de alquiler en 2021, pero ha continuado pagando la mensualidad sin irse, para «presionar» a Lioness Inversiones a negociar y, tras 2 años de procedimientos judiciales, la Audiencia de Barcelona ha ratificado la sentencia de desahucio y el juez ha fijado la fecha para el 31 de enero.
Por este motivo, el Sindicat de Llogateres de Cataluña ha convocado este viernes una concentración ante el edificio modernista y este jueves por la tarde organizaron una maratón de actos vecinales con actuaciones musicales, tertulias, cacerolada y cena popular para rechazar el desahucio.
Además, unas 100 personas han dormido entre el edificio y una carpa blanca ubicada en la calle Consell de Cent con Calàbria.
Por su parte, la portavoz del Sindicat, Carme Arcarazo, ha asegurado que Josep está «absolutamente convencido de lo que está haciendo, luchando por el derecho a la vivienda», y ha sostenido que cada desahucio va a ser un campo de batalla, en sus palabras.
«El culpable es Albert Ollé y Lioness Inversiones (que compró la finca), pero los gobiernos son responsables, porque si esto pasa es porque tenemos un marco legal hecho a medida de los especuladores», ha dicho.
«El juego está trucado a favor de la minoría especuladora», ha criticado, y ha remarcado que llevan 3 años luchando para hacer una negociación colectiva, que no se ha hecho.
«Todo el mundo estamos al lado de Josep, un profesor de matemáticas que lleva pagando el alquiler y lo quieren echar sólo para triplicar el alquiler», ha añadido Arcarazo.
Ha asegurado que siguen abiertos a negociar: «Hoy mismo si ellos quieren nos reuniríamos de forma colectiva».
Además, ha lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona, pocos días antes del día del desahucio, «han hecho llamadas haciendo ver que quieren negociar».
«Es vergonzoso que a último momento hagan ver que hacen algo», ha criticado Arcarazo.
Ha calificado Casa Orsola como un «símbolo», y ha destacado que los inquilinos plantarán cara y –textualmente– que hoy no van a poder desalojar.
Ha instado al Gobierno a regular los alquileres, a hacer contratos estables para «recuperar la oferta que ha sido secuestrada» y a prohibir las compras especulativas.
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