Bombilla
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe en el que critica duramente al Gobierno por el mecanismo de interrumpibilidad y sus “elevados costes”. Según el supervisor, este sistema, por el que los consumidores españoles pagan cada año más de 500 millones de euros en el recibo de la luz, “apenas de utiliza”.
El mecanismo de interrumpibilidad es un sistema de subastas por el que las empresas que más electricidad consumen, principalmente la gran industria, se comprometen a desconectarse de la red y dejar de consumir energía en casos de emergencia para el suministro eléctrico. A cambio, reciben una retribución económica.
Las compañías perciben el pago aunque el servicio no entre en funcionamiento, solamente por estar disponibles para desconectarse cuando sea necesario, y desde 2009 eso nunca ha ocurrido. Las únicas órdenes que Red Eléctrica ha emitido desde entonces para ponerlo en marcha han sido con el fin único de comprobar su funcionamiento.
Por ello, el organismo regulador ha pedido que el operador del sistema, Red Eléctrica, justifique “mediante una metolodología de estudio que realmente es necesario subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible”. Para asignar el servicio de interrumpibilidad se organizan pujas anuales de paquetes de potencia interrumpible de 5 y 90 megavatios (MW). Respecto a estas subastas, la institución presidida por José María Marín Quemada asegura que, en el caso de los 90 MW se pueden plantear problemas de competencia, “como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva”. Al respecto Competencia recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5 MW, para permitir una mayor desagregación.
Por otro lado, el coste de estas subastas de interrumpibilidad es muy superior al de otras pujas energéticas. De acuerdo a los cálculos de la CNMC, oscila entre 504.000 y 660.000 euros, frente al rango de 75.000 y 205.000 euros de la organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España. “A este coste de organización habría que sumar además “que el desarrollo de las subastas se puede prolongar desde las 9:00h a las 20:00h durante cinco días, por lo que los costes directos y de oportunidad de asistencia de los pujadores al sitio de la subasta no son tampoco despreciable”, añade.
En los últimos tres años, los costes del mecanismo han sumado 1.500 millones de euros, que se cargan en la factura de los consumidores en concepto de peaje. En 2015, la cuantía ascendió a 508 millones de euros, año pasado alcanzó los 503 millones y en este 2017 subirá a los 525 millones.
¿A quién va a para este dinero? Según ha criticado la CNMC, el “complejo” sistema de subastas “favorece a las grandes industrias”. Siderúrgicas como Arcelor y Acerinox, metalúrgicas como Alcoa o cementeras como Cemex son las beneficiadas.
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