Anciano
Pese a estos datos, el XXIII Dictamen reconoce que el Gobierno de España ha cumplido con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia, “pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de reducir la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y, ni siquiera, ejecutar el incremento presupuestario”.
La lista de espera de personas pendientes de resolución de prestación en 2022 se eleva a 353.965 que esperan un procedimiento y el tiempo de espera medio asciende a los 344 días. A principios de este año 2023, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención llega a las 177.423 y a ellas se añaden 131.810 que están pendientes de valoración. Por ello, destaca el Dictamen, “la desatención alcanza a 309.233 personas”.
Las comunidades autónomas con mayor “limbo de la dependencia” o personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%). Las que menos son Castilla y León (0,18%), Castilla La Mancha (3,71%) y Aragón (4%). Por el contrario, Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%), y Canarias (-28,9%) cumplieron en 2022 el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque, recoge Servimedia.
Sin embargo, se registran tres comunidades que, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, aumentaron la lista de espera en un porcentaje preocupante en 2022: Asturias (+34,7%), Islas Baleares (31%) y la Región de Murcia (+29,6%).
Del mismo modo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguró que “la burocracia en los procedimientos y estos datos dificultan el cumplimiento del objetivo de reducir la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el Plan de Choque”. Del mismo modo, el Dictamen destaca que el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros y son percibidas actualmente por 517.000 personas. Por grados, estas cuantías son, de promedio, 139,6 euros al mes para el Grado I; 240,5 euros al mes para el Grado II y 334,9 euros al mes para el Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.
Además, la prestación vinculada a abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un “segundo copago” o copago invisible, según señala el Dictamen.
En 2022, el 3,15% de la población española necesitó apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Otro dato de interés es que las personas en espera de ser valoradas, no sólo no disminuyó, sino que en 2022 aumentó. El año 2022 cerró con 131.810 personas esperando ser valorada, 7.214 más que las 124.596 del año anterior. “A este ritmo de reducción se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite”, según señala el Dictamen.
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