William Barr
Más de 2.000 antiguos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos han criticado este lunes la decisión del fiscal general, William Barr, de retirar los cargos contra Michael Flynn, el ex asesor del presidente, Donald Trump, considerándola «extraordinariamente rara, si no sin precedentes».
El Departamento de Justicia retiró hace unos días los cargos contra Flynn, el que fuera asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, pese a que se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre su relación con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak, durante la campaña electoral de 2016.
A través de una carta publicada en la red social Medium, las cerca de 2.000 personas que la firman han pedido a Barr que renuncie por sus reiterados «asaltos al Estado de Derecho» al seguir una orden personal de Trump en lugar de actuar en interés público.
«Los gobiernos que usan el enorme poder de las fuerzas del orden para castigar a sus enemigos y recompensar a sus aliados no son repúblicas constitucionales; son autocracias», reza el documento.
En la misma se ha criticado el doble rasero que Barr habría tenido al tomar esta decisión, pues si cualquier otro ciudadano sin relación personal con Trump «mintiera a los investigadores federales en el curso de una investigación de contrainteligencia» y además admitiera que lo hizo, «podría ser procesado».
«Apoyamos inequívocamente la decisión del fiscal de carrera que se retiró del caso Flynn (…) Está cumpliendo el juramento que todos hicimos, y hacemos un llamamiento a sus colegas para que sigan su ejemplo», dice el texto, que a su vez pide «a las otras ramas del Gobierno» que protejan «de las represalias» a estos servidores públicos que «tratan de mantener sus juramentos y buscar justicia».
A su vez, quienes firman el texto también han pedido al Congreso que intervenga para exigir responsabilidades a Barr, si bien, han matizado, hubieran preferido que no tuviera que ser así, pues Estados Unidos se encuentra «en medio de la mayor crisis de salud pública» de su historia, pero el fiscal general, apuntan, no ha dado «otra opción».
En la carta, piden al juez encargado del caso, el magistrado Emmet Sullivan, «examinar de cerca la justificación declarada del Departamento para desestimar los cargos (…) y a negar la moción y proceder con la sentencia, si corresponde».
Entre quienes firman, la mayoría son antiguos abogados de carrera, tanto de administraciones republicanas como demócratas. Uno de ellos es Stuart Gerson, quien ocupó durante unos meses en 1993 el cargo de fiscal general en la Administración Clinton.
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