Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El escándalo del máster se llevó por delante la carrera política de Carmen Montón al frente del Ministerio de Sanidad. Pero antes de su dimisión, uno de sus logros fue el decreto ley que debería recuperar la sanidad universal. Ya han pasado cuatro meses desde que se firmó y continúan las lagunas con este derecho.
Las organizaciones Yo Sí Sanidad Universal, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y la plataforma REDER censuran que la universalidad en el acceso a la salud aún no es real: “No se ha alcanzado ese objetivo”. Algo que quieren plasmar este jueves frente al Ministerio de Sanidad.
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Coincidiendo con la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre comunidades y Gobierno, los colectivos se concentrarán a las 11:00 horas ante al departamento sanitario. Una reunión que ven perfecta para refrescar que el decreto aún “debe abordar sus fallos y ambigüedad”.
Pese a las múltiples denuncias desde que se conoció el decreto, el orden del día del encuentro no incluye abordar la nueva ley sobre sanidad universal. Mientras, según lamentan las organizaciones, tampoco existe un reglamento “que clarifique en detalle la norma”. Situación que se agrava debido a que “la norma se puede interpretar de manera restrictiva” como pasa en algunas comunidades.
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Entre las lagunas del Real Decreto que hacen que “quede lejos” la universalización de la sanidad, los colectivos marcan como ejemplo el requisito de tres meses de estancia en España: “A pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia antes de acceder a la atención sanitaria”.
Los “fallos, ambigüedades y obstáculos” no se detienen ahí: “Tampoco se armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las CCAA y en consecuencia, cada comunidad está interpretando de manera diferente esta nueva norma”.
Al mismo tiempo, alertan de que la nueva ley no hace hincapié en las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia. Y ya se están apreciando las consecuencias pese al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez.
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Según las entidades, se han dado casos “de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas”. Es, hay algunas regiones que continúan exigiendo “el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud”.
Por último, las organizaciones no olvidan que incluso en algunas administraciones se esté pidiendo a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir documentación para trámites burocráticos.
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“Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos”, concluyen.
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