Vivienda
“El objetivo es impulsar y fomentar la edificación de vivienda protegida de nueva construcción, de forma que se compagine la existencia de una vivienda asequible para los sectores de población con menos recursos con la viabilidad de las promociones”, detalla el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
En concreto, el precio básico de la zona A subirá un 26%, hasta los 2.450 euros. Este grupo está integrada por los municipios de Alcobendas, Boadilla del Monte, Las Rozas, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.
Por su parte, la zona B llegará a los 2.110 euros, un incremento del 33%. Los municipios afectados son Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama. Asimismo, están integrados en este grupo Galapagar, Getafe, Humanes, Leganés, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.
Finalmente, la zona C alcanzará los 1.900 euros, un aumento del 36%, y estará formado por el resto de municipios de la Comunidad de la Madrid. En este grupo se unen también los que componían la zona D y sus precios crecerán hasta un 56%.
En cuanto a la vivienda protegida con precio limitado, la zona A pasará de los 2.425,60 euros hasta los 2.820; la zona B de los 1.970,80 euros a los 2.430 y la zona C de los 1.743,40 hasta los 2.180 euros.
Los precios previstos se actualizarán automáticamente a partir del día 1 de enero de 2025, de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la actualización.
Desde el Ejecutivo autonómico han defendido “la necesidad” de actualizar los precios máximos de venta por la inflación de costes provocada por la ruptura de las cadenas mundiales de producción y comercialización de materias primas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Asimismo, ha habido aumentos de precio del petróleo y del gas, que han provocado un aumento del 30% de los costes del sector de la construcción y costes derivados de la necesidad de adaptación a los nuevos requerimientos normativos ligados a la mejora de la eficiencia energética de la construcción residencial.
“A ello hay que añadir los efectos que la inflación está teniendo en todo el territorio nacional que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en torno al 30% para el período que va desde abril de 2008, año de la entrada en vigor de la Orden 116/2008, hasta septiembre de 2023. Todo lo cual ha provocado un descenso en el número de viviendas protegidas iniciadas en la Comunidad de Madrid”, destaca el BOCM, según Europa Press.
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