Con el lema “Madrid sigue en pie por la sanidad pública”, la protesta parte en torno a cuatro columnas de manifestantes que confluirán en el Ayuntamiento de la capital. En concreto, desde Nuevos Ministerios (columna norte), el Hospital de la Princesa (columna este), Plaza de España (columna oeste) y Atocha (columna sur).
“Volvemos a la calle porque basta ya de centros de salud y hospitales sin personal suficiente, servicios de urgencias extrahospitalarias sin médicos, menores sin pediatra, profesionales de la sanidad con las peores condiciones salariales de España y desmantelamiento y privatización de la sanidad pública madrileña”, critican desde la organización de la marcha.
Según defienden, “tenemos derecho a vivir con salud, tenemos derecho a vivir con una atención sanitaria de calidad” y “nos va la vida en ello”.
Las críticas por la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid se ven reforzadas con el estudio que hace unas semanas publicó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que pone de relieve que la región repite una vez más a la cabeza en privatización.
Según el décimo informe de la FADSP, Madrid es la región con “mayor grado de privatización” por delante de Baleares, Cataluña y Andalucía. Frente a esta situación, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha son las menos privatizadas.
En la última década, desde 2014, la Comunidad de Madrid no ha abandonado el liderazgo. Año tras año ha estado al frente de la privatización sanitaria en los sucesivos informes sin que ninguna otra región le haya desbancado del primer lugar.
Esta misma semana la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento inicia la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Según explicó “se cierra así la Ley 15/1997”, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría la puerta a modalidades de gestión “que han deteriorado la sanidad”. Para la titular de esta cartera se da vía libre a ese lema de “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.
“Desde el Ministerio estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor”, señaló, antes de incidir en que las nuevas fórmulas de gestión no han supuesto mejoras en la salud de la población, “sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas” a costa del presupuesto del Sistema Nacional de Salud.
Para García, se trata de poner freno a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos “que salen básicamente del dinero que tendría que ir a la salud de los ciudadanos y ciudadanas”. Poner coto a los usos “indecentes” de los presupuestos y que cada euro de los impuestos que paga la ciudadanía vaya destinado a la salud y a cumplir el artículo 43 de la Constitución Española, “para garantizar el derecho a la salud y no las cuentas de resultados de las empresas privadas”, aseguró.
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