El consejero y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.
Según la Comunidad de Madrid, el nuevo impuesto “suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos”, como el impuesto sobre el Patrimonio, que en la región está bonificado al 100% desde 2008. “El diseñado por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las CCAA en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños”, afirma en una nota.
El recurso interpuesto “destaca que por este motivo supone una ruptura de autonomía financiera de las comunidades ya que afecta a su política fiscal (artículo 156 de la Constitución Española)”. Asimismo, denuncia que su tramitación se ha llevado a cabo “a través de una enmienda en un Proyecto de Ley que no tenía que ver con este tributo, obviando el procedimiento parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado”. Para la Puerta del Sol “esto ha impedido el debate y la presentación de enmiendas al texto, en contra del derecho de representación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución”.
En el documento ante el Constitucional, el Gobierno de Ayuso alerta también sobre el hecho de que el nuevo impuesto “atenta contra la seguridad jurídica, ya que su aplicación tiene efectos retroactivos para todo 2022 a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año”. “Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- y ahora se van a ver obligados a hacerlo”, expone.
Además, el recurso incide en que se vulneran los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución, que señalan que “se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica” y que “en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
De acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo regional, este nuevo tributo “puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos”.
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