Autobús de la EMT
La polémica en torno al transporte público gratuito para los menores de 14 años en la Comunidad de Madrid sube de tono.
El Gobierno central acusa al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de ocultar de manera intencionada que la medida anunciada esta semana, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, está financiada en gran parte con fondos estatales.
Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recuerdan que, al igual que ocurre con los proyectos financiados por la Unión Europea, la ley obliga a las administraciones públicas a especificar claramente de dónde proceden los fondos.
«La Comunidad de Madrid está incumpliendo de forma deliberada una obligación legal, algo que podría desembocar en sanciones si persiste esta actitud», advierte el Ministerio
Según fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press, la Comunidad de Madrid está incumpliendo de forma deliberada y premeditada una de las condiciones clave establecidas en la convocatoria de ayudas para las comunidades autónomas y entidades locales. En concreto, la región estaría ocultando que la gratuidad del transporte hasta los 14 años es posible gracias a la financiación del Estado. Esta omisión podría acarrear sanciones contempladas en la normativa vigente.
Desde el Gobierno central subrayan el esfuerzo económico que se está realizando para impulsar el transporte público y la movilidad sostenible en todo el país. Durante 2025, el Ejecutivo ha destinado 878 millones de euros a diversas medidas, entre ellas 355 millones específicamente asignados a financiar la gratuidad del transporte público para menores de 15 años, descuentos del 50% para jóvenes y un 40% para el resto de la ciudadanía, medidas vigentes desde el próximo 1 de julio hasta finales de año.
«Madrid juega a confundir y ocultar la realidad: las medidas anunciadas por Ayuso son posibles gracias al esfuerzo económico del Gobierno central»
Desde el Ministerio también acusan al gobierno de Ayuso de intentar generar confusión al transmitir solo «medias verdades» en busca de rédito político. Fuentes ministeriales insisten en que las medidas anunciadas desde la Comunidad de Madrid son, en realidad, fruto del compromiso estatal por mejorar la movilidad y no iniciativas exclusivas del Ejecutivo regional.
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