La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido este jueves que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con Covid-19 procedentes de centros residenciales se envió por «error».
El titular de Sanidad, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, ha indicado que se han producido «hasta 6 versiones del protocolo». «El documento al que usted se refiere y que ha aparecido en algunos medios de comunicación, era un borrador de los hasta 6 borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios», ha explicado.
Los protocolos definitivos de actuación en residencias, según ha relatado, se enviaron el 25 de marzo a los centros socio- sanitarios, contando con el consenso de todos los coordinadores de Geriatría de los hospitales de la red pública.
En todos estos documentos, «se especifica claramente que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico, para el traslado a un hospital de los casos de residentes con enfermedad terminal, que se encuentren en cuidados paliativos y alto grado de fragilidad».
«Por tanto, no voy a admitir, ni a ustedes ni a nadie, que se instrumentalice políticamente un error más que evidente, ni que utilicen un caso como el de Parla para elevarlo al nivel de categoría. Porque además de faltar a la verdad, entraña otro tipo de responsabilidades», ha zanjado.
REYERO, EN CONTRA DE LOS CRITERIOS
El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se mostró «radicalmente en contra» de los criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores en pleno pico de la pandemia del coronavirus.
«La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés», afirmó el consejero.
Reyero precisó que dichos protocolos son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. «Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho», reiteró.
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