La comisión propuesta busca “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades”, así como a la “reparación de las víctimas” y a la planificación de políticas públicas para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores, detalla el Congreso.
Las conclusiones y recomendaciones que salgan de la misma e plasmarían en un informe remitido a las Cortes Generales y al Gobierno que sería presentado por el Defensor del Pueblo ante el Pleno de la Cámara.
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