Pedro Sánchez en el Congreso
El texto ha pasado este primer filtro de la Cámara casi dos meses después de ser registrado por los de Carles Puigdemont y ha sido calificado con apoyo del PSOE, en virtud del pacto que el Gobierno alcanzó la semana pasada con Junts a cambio del apoyo de la formación independentista a la futura convalidación del nuevo decreto ómnibus.
Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación.
La primera vez fue el 17 de diciembre y, un mes después, el 16 de enero, la Mesa volvió a dejar su decisión en el aire. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa, en consonancia con lo planteado por los servicios jurídicos.
Los letrados siempre han mantenido que era la Mesa la que debía decidir y fijar doctrina, pues era la primera vez que se instaba a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley. Aunque la utilización de este instrumento es potestad exclusiva del presidente, también recalcaron que, incluso si se aprobara, no tendría efectos jurídicos, pues las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento.
El hecho de que la cuestión de confianza es prerrogativa del presidente del Gobierno y que sólo él puede activarla era el argumento usado por el PSOE para justificar sus resistencias a tramitar la propuesta de Junts. Eso sí, hace 30 años, gobernando también el PSOE, sí que se permitió debatir una moción de CC pidiendo al presidente Felipe González que convocara elecciones, otra competencia exclusiva de Moncloa.
Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y el PSOE aceptó tramitarla una vez se rebajase la redacción, a lo que accedieron los independentistas. Y si el texto original, que sólo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya sólo anima a Sánchez a «considerar la oportunidad» de plantearla.
Y la descafeinó más al añadir expresamente que su propuesta sólo tiene un valor político, carece de «efectos jurídicos» para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una «prerrogativa que le confiere la Constitución».
Lo que no modificó Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando de que no ven voluntad política en el presidente del Gobierno para cumplir los acuerdos y que con esa dinámica «no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura». Pero la exposición de motivos no se vota y ni tiene efectos.
Una vez que la Mesa del Congreso la ha calificado, la proposición no de ley está lista para introducirla en el orden del día de una sesión plenaria cuando Junts tenga cupo para ello, lo que se prevé para el próximo 25 de febrero, según han precisado fuentes parlamentarias. La decisión final sobre la fecha de su debate y votación la adoptará en su momento la Junta de Portavoces.
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