Consejo General Poder Judicial
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Rafael Fernández Valverde y María Ángeles Carmona, ambos designados por el PP, cuestionan en un voto particular concurrente la imagen de independencia que puede ofrecer la exministra de Justicia Dolores Delgado para ejercer el cargo de fiscal general del Estado.
Pese a ello, votaron la propuesta del presidente, Carlos Lemes, que se le limitaba a a valorar los requisitos legales del cargo al entender que al órgano de gobierno de los jueces le está vetado un juicio de idoneidad sobre este asunto.
En su voto particular concurrente, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos vocales señalan que Delgado reúne los requisitos exigidos para su nombramiento, y que por ello apoyaron la propuesta de Lesmes y sumaron así apoyos a una decisión que fue respaldada por todos los vocales del sector progresista.
No obstante, han emitido voto particular para subrayar que aunque entienden que no podían realizar un juicio de idoneidad de la candidata no pueden dejar de decir que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez «podrá afectar a la apariencia de independencia del Poder Judicial y contribuir a generar una pérdida de confianza en los tribunales de Justicia».
Añaden que «desde la estricta perspectiva del órgano de gobierno del Poder Judicial, el nombramiento propuesto no contribuye a la función, que sí corresponde al CGPJ, de actuar en defensa de la independencia de los tribunales». Recuerdan que el el Ministerio Fiscal no se integra en el Poder Judicial, pero sí vieneregulado por la Constitución, que le insta a «velar por la independencia de los Tribunales».
Esta función, según los vocales, «difícilmente —al menos desde la perspectiva de la apariencia— pudiera llevar a cabo un candidato que, de forma inmediata, y sin solución de continuidad, venía desempeñando, en el ámbito de los otros poderes del Estado, concretas funciones políticas, ejecutivas y parlamentarias, integrado en una formación política».
La conexión temporal de tales funciones y las que corresponden al cargo de Fiscal General del Estado, añaden, «en modo alguno contribuye al mantenimiento de una apariencia de independencia del Poder judicial ni a la creación de un clima de imparcialidad de los Tribunales».
Como consecuencia de todo ello, consideran la elección de Delgado como fiscal general «puede tener incidencia en la pérdida de confianza en los mismos por parte de los ciudadanos, desde perspectivas jurídicas, sociales e, incluso, internacionales».
PÉRDIDA DE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD SOCIAL
«No decimos —no prejuzgamos— que la candidata no pueda actuar de conformidad con tales principios de independencia e imparcialidad, pero la apariencia que la propuesta genera y la pérdida de confianza y de credibilidad social en el Poder Judicial resultan evidentes», añade el documento.
En su escrito citan el caso Gore/Buch, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en el año 2000, y en en el que el juez Stivens emitió un voto particular a la sentencia del Pleno señalando: «es la confianza en los hombres y mujeres que administran el sistema judicial lo que constituye la verdadera columna vertebral del Estado de Derecho. El tiempo algún día curará la herida a esa confianza que se infligirá con la decisión de hoy».
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