Los trabajadores de ocio educativo de Madrid, “por debajo del umbral de la pobreza”

Los trabajadores que desarrollan actividades de Ocio Educativo en centros del Ayuntamiento de Madrid se manifestarán mañana frente al Consistorio para denunciar la “precariedad laboral extrema que padecen” debido a los “abusos” de las empresas privadas que les contratan y al abandono de las autoridades municipales, según informa CCOO en un comunicado.

El sindicato explica que las personas que trabajan en centros cívicos y culturales, museos, animación sociocultural, centros socioculturales de personas mayores, bibliotecas, ludotecas, casas de colonias y albergues, campamentos, actividades educativas de comedor escolar, patio, extraescolares, refuerzo escolar son contratadas por empresas privadas a través de licitaciones periódicas y denuncia que desde “hace años vienen sufriendo un abandono por parte de las instituciones públicas y un abuso por parte de las empresas que han llevado a estos profesionales a una precariedad laboral extrema”.

Informa la organización sindical que ese sector en el año 2008 sufrió una bajada salarial estimada en un 50% y que “año tras año han ido bajando los salarios y precarizándose las condiciones laborales”. Y señala que “actualmente están cobrando entre 7 y 8 euros la hora trabajada, no incluyendo trabajos requeridos, exigidos e inherentes a la actividad como programas, contenidos, metodología y organización en las aulas, preparación de clases, evaluaciones e informes…” Con el agravante de que “además tienen que aportar sus propios materiales y realizar cursos de formación fuera de su horario laboral”.

CCOO se queja de que “los recortes en las dotaciones económicas para los concursos o licitaciones son la excusa que dan las empresas para evitar la subida salarial y manteniendo a los trabajadores/as en una situación por debajo del umbral de la pobreza (según el INE, en 2013 los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situó en 8.114 euros, cifra que no se alcanza en este sector)”.

Y recrimina que “las instituciones no efectúan ningún control para evitar los abusos ni mantienen relación con los trabajadores. No obstante determinan a través de las sucesivas licitaciones y pliegos la situación laboral, estando a merced de los cambios de empresa o empresas que, una vez adjudicadas, gestionan los contratos”.

Apuntando que “en muchas ocasiones esta situación hace perder derechos que deberían ser de aplicación obligada con las cláusulas de subrogación, como la pérdida de salarios, de jornada, el pago por los traslados de centro a centro, etc”.

Con esta manifestación los trabajadores y el sindicato quieren poner de manifiesto al equipo de gobierno de Manuela Carmena que “con dinero público en manos privadas se mantiene la precariedad laboral”.

Acceda a la versión completa del contenido