Los trabajadores de la AECID dicen basta y convocan una huelga el Día del Cooperante

“Nueve años de congelación salarial y una descomunal pérdida de poder adquisitivo debido a las derivas inflacionarias”. Estos son dos de los motivos por los que los Responsables de Programas y Responsables de Proyectos en el exterior, adscritos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han decidido decir basta. Tal es así que los sindicatos han presentado preaviso de huelga en este colectivo para el 8 de septiembre, Día del Cooperante.

Según la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la Administración General del Estado somete a este personal a una nueva congelación salarial, que se traduce en “una descomunal pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de las derivas inflacionarias que sufren los países con presencia de la AECID en el exterior”. Algo que se une a los “agravios comparativos que vienen soportando respecto al personal funcionariado” desde que en 2008 se conformara el cuerpo técnico de Responsables de Programas y Responsables de Proyectos.

Este colectivo, altamente cualificado y con un perfil profesional muy específico, implementa y desarrolla proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en una treintena de países.

Para el sindicato “llama la atención que al personal funcionario en el exterior se les aplique los Artículos 4 y 6 del Real Decreto 6/1995, que establecen módulos de calidad de vida y pérdida de poder adquisitivo, así como indemnización por educación de los hijos en el extranjero respectivamente”, pero no a estos Responsables de Programas y Responsables de Proyectos. Unos trabajadores contratados en España, que han sido desplazados al exterior, y que tienen que “lidiar día tras día con las mismas condiciones adversas que enfrenta el personal funcionario”.

Aquí no queda la cosa. CCOO denuncia en un comunicado que para “profundizar aún más el agravio comparativo entre ambos colectivos” desde 2012 la Administración suspendió la concesión del billete familiar anual de retorno a España para este colectivo, “condenándoles prácticamente al destierro”, debido a que “muchos se ven imposibilitados de hacer frente a dicho gasto”. Da la casualidad que esta medida no ha sido aplicada al personal funcionario desplazado en el exterior, que continúan disfrutando de este “beneficio”.

Ante los problemas para llegar a un acuerdo en este tema y la “situación límite” que viven los trabajadores adscritos a la AECID en el exterior, los Responsables de Programas y Responsables de Proyectos han decidido secundar una huelga con los siguientes objetivos:

1. Aplicación, a partir de la nómina de noviembre de 2017, del mecanismo de indemnización por equiparación del poder adquisitivo y por calidad de vida, según el Artículo 4 del Real Decreto 6/1995, tal como se ha venido aplicando el Artículo 6 del citato Real Decreto, que regula la figura de indemnización por educación de los hijos en el exterior.

2. Reconocimiento de la disposición recogida en el Artículo 1 de dicho Real Decreto, que estipula que las normas son también de aplicación a “aquellos puestos de trabajo de los distintos Departamentos Ministeriales que se recojan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo con residencia en el exterior, cuando sea expresa y previamente autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores”, como se ha demostrado con la aplicación de la indemnización por educación de los hijos en el exterior.

3. Aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que este año, al igual que en años anteriores, recoge que “el Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará, y en su caso actualizará, las retribuciones del personal laboral en el exterior, de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país”.

4. Restitución inmediata del billete familiar anual de retorno a España.

5. Eliminar de los contratos de Responsables de Programas y Responsables de Proyectos las cláusulas que fijan como ayuda de instalación un monto equivalente a una mensualidad de complemento de desplazamiento y, de igual modo, regular dicho concepto con la aplicación del régimen general contemplado en el Real Decreto 462/2002.

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