Aeropuerto de Barcelona-El Prat
La nueva huelga de seguridad en el aeropuerto de El Prat sigue finalizando trámites. El comité de Eulen ha registrado este lunes la convocatoria de nuevos paros. Ante este movimiento, el departamento de Trabajo de la Generalitat ha citado ya para esta tarde a las partes del conflicto laboral para una primera reunión de mediación. Mientras tanto, el laudo obligatorio impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy se espera que se haga público esta misma semana.
La asamblea de trabajadores de Eulen se pronunció este fin de semana a favor de volver a la huelga a partir del próximo 8 de septiembre ante la actitud de la compañía. Y es que, según han denunciado los trabajadores, la empresa ha contestado al conflicto con “represalias” hacia cuatro empleados por haber incumplido los servicios mínimos en la protesta de las últimas semanas. Por ello, la plantilla celebrará nuevos paros todos los viernes de 10:30 a 11:30 horas y de 18:30 a 19:30 horas.
Según ha relatado EFE, tal y como marca la ley, la Generalitat tiene obligación de convocar a las dos partes a una primera reunión de mediación. En dicho encuentro que se celebrará a lo largo del lunes, el Gobierno catalán intentará que los trabajadores y la dirección lleguen a un acuerdo que implique la desconvocatoria de los paros.
Algo que, como ha explicado el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, se podría dar siempre y cuando la empresa retire las sanciones impuestas, así como que dé “garantías de que no se irá despidiendo a trabajadores en los próximos meses”.De hecho, el mayor temor del comité de huelga pasa porque Eulen opte en los dos próximos meses, cuando el conflicto ya no llame la atención de los medios de comunicación, por despedir de manera escalonada a los trabajadores que se han significado más durante la huelga y realizar nuevos contratos.
Pese a ese riesgo, Giménez ha asegurado a la agencia de noticias que la plantilla ya ha presentado también este lunes ante la sala tercera del Tribunal Supremo una demanda contra el laudo del Ejecutivo, que consideran “ilegal”. “Llegaremos a Europa o a la ONU si es necesario porque se han pisado los derechos de los trabajadores”, ha concluido el representante de los profesionales de seguridad de las infraestructuras.
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