Taxi
Fedetaxi, la asociación mayoritaria del gremio del taxi en España, ha anunciado que presentará en las próximas semanas una denuncia ante la Inspección General de Trabajo para que investigue si Uber y Cabify echan mano de la fórmula del ‘falso autónomo’, es decir contratan a sus conductores como autónomos pese a tener una relación más cercana a la de asalariados.
La agrupación sostiene que las dos compañías de alquiler de vehículos con conductor bajo licencias VTC mantienen una “relación laboral directa” con los chóferes, pues, a través de sus aplicaciones, las empresas “controlan decisivamente los factores económicos y socialmente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido por los conductores en el marco de la plataforma”.
En el marco de su ofensiva contra Uber y Cabify, a las que acusan también de competencia desleal, los taxistas exigirán “directamente a la ministra que tome cartas en el asunto”. “En otros países de nuestro entorno como Reino Unido y Alemania, o en el estado de California las autoridades han reconocido la vinculación laboral de los conductores con las plataformas, y otros casos como las recientes investigaciones a Deliveroo enmarcan un contexto de seria duda sobre el cumplimiento de las normas laborales de estas empresas, de las que nuestras administraciones no pueden sustraerse sin más”, señala al respecto Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.
Recientemente, la Inspección de Trabajo emitió dos resoluciones, en Valencia y en Madrid, que determinan que Deliveroo, cuya estructura laboral es similar a la de Uber, “encubre” una auténtica relación laboral con sus repartidores y éstos deberían estar dados de alta como empleados asalariados, en lugar de trabajar como autónomos.
Teniendo esto en cuenta, a juicio de los taxistas, Uber y Cabify “podrían estar practicando un fraude a la legislación social para eludir su responsabilidad con los más de 5.000 trabajadores que emplean actualmente en España”.
Al respecto, el presidente Fedetaxi recuerda en un comunicado que “las relaciones entre conductores y plataformas están sujetas a la legislación laboral española” y el Ministerio de Empleo debe tenerlo en cuenta “tanto para modificar la actual regulación como para llevar a cabo una profunda inspección de estos sectores de actividad”.
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