CCOO y UGT proponen al Gobierno acordar un ‘Estatuto del becario y estudiante de prácticas’ que regule los derechos de formación y las condiciones laborales de los jóvenes que se encuentran realizando prácticas. El objetivo es poner fin a los abusos de algunas empresas que recurren a estudiantes de prácticas para que sustituyan a trabajadores sin tener que pagarles un sueldo.
Esta es una de las propuestas que los sindicatos han incluido en el documento que han trasladado al Gobierno para negociar en el marco de la Mesa de Empleo y Calidad en el empleo. Asimismo, entre otras cosas, plantean que las prácticas no laborales se vinculen siempre a un programa de formación y su duración sea proporcional a las características y duración del programa correspondiente.
Por otro lado, el documento conjunto de CCOO y UGT insta a reducir la jornada de trabajo con carácter universal a 35 horas semanales sin que conlleve una reducción de salario. En relación a la temporalidad de los contratos, los sindicatos apuestan por desincentivar el recurso a la contratación temporal, especialmente aquella de muy corta duración, mediante un incremento significativo de la cotización a la Seguridad Social.
En esta línea, urgen a eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores ya que lo consideran “un contrato temporal encubierto, contrario a la naturaleza del periodo de prueba, precarizado e incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado español”.
En relación al contrato a tiempo parcial, CCOO y UGT hacen hincapié en que afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes y en que está provocando una enorme precariedad en las relaciones laborales. “Esta situación exige modificar el régimen del contrato a tiempo parcial en su integridad, de forma que se garantice la voluntariedad del trabajador a realizar tal contrato, y la seguridad en la organización del tiempo de trabajo para las personas empleadas”.
Los dos sindicatos también piden al Gobierno que endurezca las condiciones del despido objetivo: “Reducir la excesiva laxitud de la regulación del despido objetivo (individual y colectivo), reforzando las exigencias materiales en relación a las causas que justifican el mismo. Las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que pueden justificar el despido objetivo deben revestir trascendencia cualificada y conectarse convenientemente con las decisiones extintivas, también en el despido objetivo por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida y el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas”.
Al respecto, apuestan por “incrementar las indemnizaciones actuales por la pérdida del puesto de trabajo” e “impedir que empresas con beneficios puedan justificar despidos en base a una previsibilidad de pérdidas o a una caída de las ventas”.
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