Imagen de Rodalies de Catalunya Foto Ministerio de Tranportes
La tensión laboral en Renfe aumenta tras el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC para traspasar la titularidad del servicio ferroviario Rodalies a la Generalitat.
Según advierten los sindicatos ferroviarios, esta transferencia podría aislar ferroviariamente a Cataluña del resto de España y Europa, al sacar líneas estratégicas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).
Este cambio, además, podría traer sanciones económicas por parte de la Unión Europea, que ha invertido fondos en dichas infraestructuras.
El presidente del comité de empresa de Renfe, Andrés Rubio, ha señalado que la retirada de la línea R1 (número 276 en la red de Adif) de la RFIG implica automáticamente la pérdida de los estándares europeos de seguridad e interoperabilidad. Esta situación haría inviable que los trenes continúen su trayecto habitual al entrar en Cataluña, lo que supondría una potencial incomunicación ferroviaria.
«Sacar la línea R1 de la red europea podría aislar Cataluña ferroviariamente del resto de España y Europa»
Otro punto crítico destacado por los sindicatos es que esta línea cuenta con sistemas avanzados de seguridad financiados parcialmente por fondos de la Unión Europea. Según Rubio, su exclusión de la RFIG significaría también salir del espacio ferroviario europeo, lo que podría derivar en importantes sanciones económicas por parte de Bruselas contra España.
Desde el comité, formado por los sindicatos Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF y SCF, aseguran que no están en contra del traspaso en sí, sino del método previsto. Critican que la creación de una nueva empresa independiente de Renfe generará una duplicidad de estructuras y costes para las arcas públicas, además de complicar el mantenimiento de los derechos laborales de los empleados.
«La creación de una empresa paralela aumentaría los costes públicos y perjudicaría los derechos laborales»
Debido a la falta de negociaciones efectivas con el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, y la Generalitat, los sindicatos han convocado una huelga de siete días que comenzará el próximo lunes 17 de marzo. Acusan al Ministerio de incumplir los acuerdos firmados en noviembre de 2023, así como las garantías laborales establecidas en diciembre de 2013.
Hasta ahora solo se ha celebrado una reunión para definir los servicios mínimos, sin acuerdo entre las partes. Finalmente, el Ministerio ha fijado unos servicios mínimos elevados: 72% en alta velocidad y larga distancia, 75% en Rodalies y Cercanías en hora punta, 65% en Media Distancia y 24% en Mercancías. Los sindicatos consideran estos mínimos «abusivos» y denuncian también una posible privatización de Renfe Mercancías, que negocia la entrada de capital privado con la empresa MSC.
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