Guardia civil
Desde que se inició la operación policial en Cataluña, miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido desplegados a la región con el objetivo de hacer cumplir las órdenes judiciales y las voluntades del Ministerio del Interior del Gobierno de España. A tenor de las valoraciones institucionales del Ejecutivo, lo han conseguido con éxito. Sin embargo, ese reconocimiento no llega a sus derechos laborales ni salariales, como lleva denunciando varias semanas EL BOLETÍN.
Cerca de 4.000 agentes desplazados soportan condiciones de habitabilidad indignas, fundamentalmente en el barco “Moby Dada”, “Piolín”, donde la comida no ofrece ninguna garantía de higiene y los cuartos de nueve metros cuadrados para varios agentes son su ‘vivienda’ temporal.
Fueron desplazados para dos semanas y ya han cumplido un mes. Un mes con órdenes, contraórdenes, relevos o prolongación de estancia en esta Comisión de Servicio, sin información oficial, según denuncian los principales sindicatos de la Policía, como el SUP, la CEP y el SPP.
“Todos, desde el Ministerio hasta nuestros mandos policiales, nos piden responsabilidad en este momento crucial, algo que hemos demostrado sobradamente; pero nosotros exigimos unas condiciones de trabajo dignas, que cumplan los mínimos requisitos de higiene, y esa es la responsabilidad básica y elemental que ellos no han ejercido”, señalan los sindicatos en un comunicado.
Dentro de esa denuncia, la figura del coordinador del operativo en ese barco, comandante de Guardia Civil, queda en entredicho. Él es el responsable de todo lo que allí acontece “por su ineficacia para resolver problemas y darle el título del candidato menos capaz de entre todos los posibles para gestionar esta situación”.
Por todo ello, por el “menosprecio continuo” que sufre la Policía y la Guardia Civil por parte del Gobierno, “la incapacidad mostrada por el Ministerio del Interior y la desoladora inoperancia del director general de la Policía, que ni está ni se le espera”, los sindicatos policiales piden una reunión urgente con el secretario de Estado de Seguridad, “para exigirle medidas inmediatas para paliar la situación en la que se encuentran los compañeros desplegados en Cataluña”.
De no producirse, “utilizaremos todas las medidas de presión a nuestro alcance”.
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