La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto los consejeros de Educación y portavoz regional, Enrique Ossorio, y el titular de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty. (Foto: Comunidad de Madrid)
El equipo jurídico de los sindicatos también concluye que el anteproyecto se salta varios apartados del artículo 27 de la Constitución Española. Por ello, a pesar de que la intención de los sindicatos es “mantener interlocución con las organizaciones políticas y la Consejería”, afirman que en caso de que el proyecto siga delante, considerarán la posibilidad de llevar la ley a los tribunales.
“Carece de un plan presupuestario que acompañe a las medidas que pretende implementar, por lo que no es más que una propuesta panfletaria para crear confrontación con el Gobierno de España”, indica la responsable de Educación de UGT, Teresa Jusdado, “es una herramienta electoral de dudosa legitimidad que va a servir para bien poco”.
Los sindicatos denuncian también que la ley no responde a las necesidades de la educación madrileña, ya que no se ha realizado ningún análisis previo. “Es un corta pega de normas anteriores y los elementos clave que desarrolla no son novedosos”, explica la representante de Educación de CCOO, Isabel Galvín. Los conciertos, por ejemplo, ya se encuentran regulados con claridad en la Ley Orgánica 8/1985, más conocida como LODE, y la Comunidad de Madrid no puede traspasar estas competencias autonómicas.
“Solamente parafrasea la LOE en materia de educación especial. Las modalidades de escolarización ya existen y parece que el objetivo general es promover conciertos en la educación especial”, denuncia Galvín. Las representantes sindicales concuerdan en que cuando se habla de recursos humanos, “si no está vinculado a una memoria económica, queda totalmente deslegitimizado” no es más que “papel mojado”.
Consideran que el único objetivo del anteproyecto, en palabras de la propia presidenta, es “blindar la educación concertada y privada”, suprimiendo aulas de la oferta educativa en centros públicos. “El objetivo es derivar alumnado de la pública a la concertada”, denuncian las representantes sindicales, y también consideran que “regula los procesos de escolarización de una forma errónea”, ya que no cuenta con suficientes plazas ofertadas en la educación pública.
Los sindicatos, que dicen haberse dedicado a hacer un análisis de las carencias en la educación madrileña, cosa que acusan a la Consejería de Educación de no haber realizado, concluyen que el problema radica en un importante déficit en cuanto a inversión. “Una nueva ley debería contener un plan de inversión en el que se pudieran revertir los recortes realizados en Madrid”, defiende Jusdado.
Desde UGT consideran que se debería impulsar un plan que hiciera frente a la precariedad y la temporalidad, que redujera la carga lectiva y que regulara el trabajo en línea, entre otros aspectos.
Las representantes sindicales concluyen que el anteproyecto de ley no es más que un panfleto de propaganda durante tiempos de campaña. Ayuso pretende saltarse la ley educativa estatal, la LOMLOE, en materia de segregación por sexos y en las cesiones de suelo educativo a conciertos privados.
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