Embalse
La energía hidroeléctrica, que representa más del 80% de la energía verde, está en auge, sobre todo en los países en desarrollo. Un estudio alerta de los riesgos sociales, económicos y ecológicos que supondría la construcción de grandes presas a lo largo del Mekong, el Amazonas o el Congo.
El último informe de Naciones Unidas sobre las Perspectivas de la Población Mundial 2017 indica que seguirá creciendo hasta alcanzar los 8.600 millones en 2030. Para garantizar el acceso a la energía de todas esas personas, respetando el compromiso de reducción de emisiones de efecto invernadero marcado por el Acuerdo de París, se hará indispensable aumentar la contribución de las fuentes renovables.
Un artículo en la revista Global Change Biology alerta sobre los riesgos que supondría un apoyo extra al desarrollo de miles de proyectos de grandes presas hidroeléctricas a lo largo de los grandes ríos del planeta, como el Mekong, el Amazonas o el Congo. En muchos casos, las presas están planificadas pero aún no se han construido por falta de financiación.
“Los ríos sostienen una porción muy significativa de la biodiversidad acuática global, así como importantes servicios ecosistémicos para millones de personas. Se estima que el impacto de las presas en la pesca de agua dulce, y en la actividad agrícola y ganadera, afecta a unas 500 millones de personas en todo el mundo”, explica a Sinc el autor del trabajo, Virgilio Hermoso López, que es investigador del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.
El científico resalta la necesidad de una política adecuada para dotar al Acuerdo de París con nuevos mecanismos financieros y de planificación para evitar daños adicionales e irreversibles a los ríos y su biodiversidad.
“Para complicar un poco más la situación, justo en estos países no existe una legislación ambiental tan exigente como en el caso europeo, con procesos de evaluación ambiental muy poco exigentes o inexistentes. Esto hace que el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos sea bastante arriesgado y sin muchas garantías ambientales o socioeconómicas”, argumenta.
Dentro del acuerdo existe la voluntad de apoyar el desarrollo de energías limpias, sobre todo en países en vías de desarrollo –aunque no solo en ellos–, con la creación de un fondo común de 100.000 millones anuales.
“A pesar de su flexibilidad, la producción de energía hidroeléctrica conlleva riesgos sociales, económicos y ecológicos que deben considerarse cuidadosamente antes de invertir en el desarrollo de potencialmente miles de proyectos hidroeléctricos planeados en todo el mundo”, añade el experto.
Legislación ambiental común
Hermoso López destaca la necesidad de desarrollar una legislación ambiental común que permita implementar el acuerdo del clima con unas mínimas garantías, para imponer unas normas de evaluación de impacto que garanticen la sostenibilidad del desarrollo futuro de este sector. Esto sería especialmente relevante dada la legislación débil o inexistente que regula la aprobación y construcción de proyectos hidroeléctricos en muchos países, sobre todo en algunas zonas tropicales.
“No abogo por impedir el desarrollo hidroeléctrico en estos países, pero sí que se haga cumpliendo unos criterios mínimos que ayuden a evitar daños irreparables, especialmente cuando existen otras alternativas para producir energía. Desde los países más desarrollados somos también responsables y no deberíamos mirar hacia otro lado”, concluye.
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