Los registros por el caso Alcoa se saldan con tres detenidos que declararán este viernes en la Audiencia Nacional

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, señalan que una cuarta persona que iba a ser detenida en Castellón se encontraba de viaje en el momento del registro, pero se ha puesto en contacto con los agentes y ha sido también citada para que declare también mañana. A los cuatro se les imputa delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Los registros se realizaron en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en A Coruña y Avilés, una investigación que continua bajo secreto de sumario.

Según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, en el operativo se registraron un total de once domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Y han participado más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Fuentes de Alcoa España consultadas por Europa Press, puntualizaban a media mañana que las fábricas de aluminio de Avilés y A Coruña ya no son de su propiedad desde julio de 2019, y han añadido que ninguno de los detenidos pertenece a Alcoa.

Afirman además estar «cooperando con las autoridades» en relación al operativo que ha desplegado la Policía en busca de pruebas de despatrimonialización fraudulenta en la venta de las que fueron sus plantas de A Coruña y Avilés.

La multinacional estadounidense vendió ambas plantas en 2019 a Parter Capital Group «en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores», según destacan en fuentes. Posteriormente, Alcoa presentó una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas.

EL ANUNCIO DEL DESPIDO COLECTIVO

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció en octubre de 2018 su intención de llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y A Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad».

Según afirmó entonces la compañía estadounidense, se trata de las plantas menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos», y se mostró dispuesta a trabajar para reducir el impacto de este proceso y a negociar un plan social con los trabajadores.

Apuntaba Alcoa que las plantas de Avilés y A Coruña se encontraban afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos», unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía.

Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos años «que previsiblemente continuarán en el futuro», alertaba Alcoa.

De esta forma, Alcoa argumentaba que el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña permitirá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián (Lugo), donde se produce tanto aluminio como alúmina. Sin embargo, posteriormente anunció también su intención de desprenderse de esta planta, y actualmente negocia su venta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

LA QUERELLA ADMITIDA DE DICIEMBRE DE 2020

Fue en diciembre del año pasado cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón admitió la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con ese proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada oficiaba a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizara «una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella», para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», la jueza pedía a la UDEF que le informara sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos pudieran resultar relevantes para determinar su posible solvencia.

Tal y como explicaba Tardón en su auto, la querella se refería a Alcoa Inespal, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción de aluminio y que aglutinaba en sus dos centros de A Coruña y Avilés a un total de 688 trabajadores. Explicaba además que el inicio de la investigación contaba con informe a favor de Fiscalía y que es competente puesto que afecta a dos territorios.

Según señalaba la magistrada, la parte querellante sostiene que Alcoa Inespal engañó a los sindicatos representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, proceso iniciado el 17 de octubre de 2018, «eludiendo de esta forma el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

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