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Los rectores de las universidades públicas andaluzas han trasladado al Parlamento su preocupación por el contenido final de la LUPA, un texto que, según denuncian, difiere sustancialmente del borrador trabajado hace un año. Desde AUPA sostienen que varias disposiciones suponen una restricción directa de la autonomía universitaria, especialmente en materia de contratación, organización interna y reconocimiento de nuevas figuras docentes.
Las universidades ven “vulnerada” la LOSU y reclaman que se garantice por escrito la financiación para becas y programas de internacionalización
Francisco Oliva, también rector de la Pablo de Olavide, ha señalado en la comisión parlamentaria que la revisión semestral del personal sustituto supone una “restricción injustificada” a la capacidad de organización interna. Ha recordado que, en materia laboral, “el Estado es el único con competencias”.
Los rectores lamentan además que la LUPA introduzca categorías como la de profesor singular invitado, pese a estar ya recogidas las modalidades docentes en la LOSU. “No añade nada y genera un error técnico de competencias”, ha advertido Oliva.
La AUPA pide suprimir figuras que consideran “innecesarias” y cuestiona la intervención de la Junta en la oferta de plazas de profesorado
Otro de los puntos señalados por AUPA es la obligación de que la Junta apruebe la oferta de plazas de profesorado, algo que, recuerdan, la LOSU atribuye de forma clara a las universidades. “Se han añadido cuestiones que afectan a la autonomía universitaria”, ha subrayado Oliva.
El texto también impone la presencia obligatoria de un interventor externo en cada universidad. Según el presidente de la asociación, el cambio carece de justificación, máxime cuando las cuentas de las instituciones ya son fiscalizadas anualmente por la Cámara de Cuentas. “Va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión”, ha afirmado.
Los rectores reclaman que quede por escrito que las becas de internacionalización serán exclusivamente para estudiantes de la universidad pública. Consideran “excesivo” que la Junta nombre nueve miembros del Consejo Social por el riesgo que, advierten, supone para la independencia del órgano.
También piden que las universidades de nueva creación se adapten a la normativa desde su puesta en marcha y no dispongan de un año adicional para hacerlo.
AUPA exige garantías para que las nuevas universidades se ajusten desde el inicio a las mismas reglas que el resto del sistema público
La Consejería de Universidad sostiene que la LUPA moderniza el sistema y abre “una nueva etapa de autonomía, calidad y proyección internacional”. Asegura que la norma permitirá atraer talento, reforzar los derechos del estudiantado e impulsar la innovación.
El departamento recuerda que la ley consolida el modelo de financiación 2023-2027 acordado con las universidades públicas, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB andaluz destinado a la enseñanza superior. Un marco que, subrayan, permite planificar inversiones con cargo a remanentes no afectados.
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