Ignacio González y Esperanza Aguirre
Las previsiones de precios públicos en 2015 de la Comunidad de Madrid evidencian que la región calculaba encarecer estos servicios un 30% respecto a cuatro años antes. Finalmente, la región acabó recaudando un 27% más que en 2011 por estos servicios públicos de la Administración madrileña.
Pero las cifras son muy dispares según áreas. El último informe de la Cámara de Cuentas muestra que los precios públicos más relevantes estaban gestionados por la Consejería de Educación y la de Políticas Sociales y Familia. La primera gestiona diez precios públicos (entendidos como el pago a la Administración por servicios prestados en igualdad de condiciones con el ámbito privado, por ejemplo una matrícula universitaria) y sus previsiones de recaudación aumentaron hasta un 105% en solo cuatro años.
La Consejería de Educación bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González acabó recaudando en los años más duros de la crisis un 72% más que en 2011 por pagos directos de los ciudadanos en servicios educativos.
El aumento de precios en Políticas Sociales y Familia se debió a los cambios en la gestión autonómica de las plazas en residencias de mayores desde 2013, por lo que este departamento disparó su recaudación desde prácticamente cero hasta 64 millones de euros ingresados en 2015.
Asímismo, la recaudación por las tasas públicas en la Comunidad de Madrid aumentó un 16% en el mismo periodo, a pesar de que la Administración preveía reducirlas en un 9%. En conjunto, lo que la región percibía por tasas y precios públicos en 2011 suponía el 1,29% de sus ingresos totales. En 2015 se situó en el 1,47% de esos recursos, un 25% más en cuatro años.
En global, la Cámara de Cuentas encuentra que “debilidades en el control interno” a la hora de comprobar que los ingresos percibidos se ajustan a los planes tributarios y a la legislación. El fiscalizador encuentra que no hay “un estudio de costes riguroso y exhaustivo de la actividad o servicio” por el que se ingresan tasas y precios.
El aumento del coste de los servicios públicos sumado a la incidencia de la crisis tienen un reflejo claro en el número de personas físicas cuyas deudas la Administración da por «incobrables». En 2011, algo más de 400 personas debían a la Administración 740.000 euros por tasas y precios públicos que la región ya había reclamado. Solo un año después eran 3.339 que adeudaban más de dos millones de euros, fundamentalmente por asistencia sanitaria y en un segundo término por residencias de mayores.
La Cámara de Cuentas analizó a los más de 3.000 deudores con importes pendientes de pago de 2008 a 2014, salvo el ejercicio de 2012, por servicios en residencias concertadas. Y concluyó que el 63% de los deudores tenían una capacidad económica inferior al Salario Mínimo Interprofesional, lo que convierte a tales deudores en inembargables por ley.
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