Jaime Pozas
El secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), Javier Cremades, calificó de injusta la situación en la que han quedado los 300.000 accionistas del Banco Popular, vaticinó una “catarata de litigos” y pidió a la Fiscalía Anticorrupción que investigue lo que ha pasado con la acción durante el último año, ya que cree “eso solo lo va a poder hacer la Policía” y no la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Durante una entrevista en la COPE, el responsable de la Aemec calificó de “injusto” dejar a 300.0000 accionistas, en su mayoría minoritarios, con valor cero, lo que considera es “una gran anomalía, una situación sin precedentes en Europa yo diría que en el mundo”, sobre la que tendrán que decidir los jueces.
Cremades recuerda que los accionistas confiaban, como se confía cuando se invierte en una “sociedad cotizada supervisada y regulada” por lo que cree que “tenemos mucho que explicar”.
Y cuando le preguntan si se trata de una expropiación, este abogado dice : “Yo no juzgo sino describo y una expropiación es apropiarse de un bien ajeno sin el procedimiento debido y sin pagar un justiprecio” y piensa que lo que se ha hecho con los accionistas del Popular “es una medida más drástica que la propia expropiación” e informa que está recibiendo llamadas de muchos accionistas que consideran que lo que se ha hecho con ellos “es un expolio y en el fondo un robo”. Por lo que auguró una “catarata de litigiós que va a durar años”.
Recalca Javier Cremadas lo grave de que hayan desaparecido las acciones y su valor ha quedado en cero “de un día para otro”, lo que -en su opinión- es “un corralito, no de inversores sino de accionistas y los accionistas también cuentan”.
El presidente fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo asegura que ya están representado casi un 5% del capital aunque reconoce que “no va a ser fácil y corto” y que la gente va a tener que litigar en un proceso que se aventura largo, anunciado que su bufete va a emprender acciones penales, civiles y administrativas, para buscar soluciones y vías que eviten que “el accionista no sea el único pagano de este desastre, que es una vergüenza para España”.
Sobre quiénes son los responsables de esta situación, Cremades deja claro que “el Banco Santander ha hecho bien y un buen servicio al contribuyente comprando un banco” y cree que la UE habrá tomado la decisión que tenía que tomar, si bien destaca que la cuestión es “cómo hemos llegado hasta aquí, esa es la gran pregunta”. Al mismo tiempo, ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar la manipulación durante largos meses del precio de la acción, lo que generó pánico y “ ha vaciado de contenido patrimonial al propio banco”.
Insiste el secretario general de la Aemec que “la enorme incompetencia de los últimos meses” va a provocar una “nueva carga enorme para el sistema público de justicia que va a tener que emplearse a fondo para dar a cada uno lo suyo”.
Y cree que ha fallado el sistema, no sólo las instituciones políticos sino los supervisores que” no han se han anticipado al problema y han dado alternativas sino que durante este tiempo” recordando los resultados de los test de estrés y que se dieron todos los mensajes posibles que el banco estaba saneado. Por ello, se queja de que las “autoridades políticas no pueden presentar esto como una buena solución, ya que es bueno que el contribuyente no tenga que soportar la carga pero cree que tampoco deben hacer “centenares de miles de accionistas que han perdido su patrimonio y esto es importante en un país occidental serio.”
En opinión de Cremades “la clase política y lo más directamente conectados con este sector no han estado a la altura de las circunstancias” y cree que el capitalismo debe “reconocer errores corregirlos y luego restituir”.
Insiste en que habrá “muchos pleitos. muchas demandas porque es un caso que afecta a 300.000 personas en España” pide el esfuerzo de la Fiscalía Anticorrupción “que es la que de verdad tiene medios para averiguar qué pasó con en el acción en el último año y eso solo lo va a poder hacer la Policía (…) ya que 300.00 que se sienten realmente engañadas y creo que lo han sido”.
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