“Lógicamente consideramos positivo revalorizar las pensiones según el IPC medio anual”, afirma el movimiento de pensionistas. No obstante, lamenta que “no se garantiza aún definitivamente, pues se revisará cada cinco años”. Asimismo, ve igualmente “positivo sustituir los préstamos por trasferencias y los puntos que hacen referencia a las parejas de hecho, la extensión del derecho a la cotización y la mejora de los convenios especiales de personas cuidadoras familiares”.
Dicho esto, el colectivo asegura que “las amenazas” contra el sistema público de pensiones continúan. “La privatización a través de planes privados de empresa se mantiene y se empezará a concretar a partir de ahora para ser incluida en la segunda parte de la reforma”, apunta en un comunicado.
Además, “se deroga formalmente el Factor de Sostenibilidad, pero se acepta por parte de los firmantes del acuerdo que será sustituido por otro Factor, el Índice de Equidad Intergeneracional”. Para los pensionistas vascos está “inspirado en la reforma de 2011 que tendrá (mucho nos tememos) el mismo efecto negativo respecto a las nuevas pensiones, las cuales se reducirán de forma continuada y acumulativa, porque se basa en los mismos principios”.
Tampoco se ha resuelto, critican, “el problema de garantías para la financiación de las pensiones”. “La incertidumbre sobre la estabilidad financiera del sistema se mantiene en la medida que no se derogue la reforma laboral, se haga una apuesta decidida por el empleo de calidad y se reconozca la deuda del Estado con la Seguridad Social”, afirman.
Respecto a las pensiones mínimas, el movimiento ve “inconcebible que no haya mención alguna al incremento sustancial” de las mismas. “Estas pensiones deberían haber sido incrementadas al menos con el porcentaje de incremento del SMI, ser equiparadas al SMI y alcanzar el nivel de suficiencia fijado por la Carta Social Europea para el SMI, comenzando por una pensión mínima de 1.080 euros”, reclaman sus integrantes.
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria presume de haber conseguido “dejar sin efecto la reforma de 2013”, pero defienden “seguir en la calle para conseguir nuevas victorias”.
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