Ancianos
Del 13 al 18 de marzo pensionistas vascos y vascas llevarán a cabo una “intensa” semana de movilización “en defensa, no solamente de las pensiones, sino también de los servicios públicos, de unos salarios dignos y un reparto más justo de la riqueza”. Entre sus acciones, desde este lunes y durante cinco días un grupo de mayores permanecerán encerrados y guardando ayuno. Asimismo, se realizarán actos y conferencias para reivindicar una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas
Esta reclamación se produce en plena negociación entre Gobierno y agentes sociales por la reforma de las pensiones. Esta misma tarde miembros del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y de los sindicatos y la patronal vuelven a verse. Respecto a la reforma acordada entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo de coalición, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) aplaude que contemple “algunas medidas cercanas a nuestras reivindicaciones”. En concreto, este colectivo hace alusión al “aumento de las cotizaciones para los salarios más altos”, así como al incremento “de las cuantías mínimas y la mejora de las pensiones no contributivas”.
Sin embargo, lamenta que “la posibilidad de elegir entre los actuales 25 años o 29 años eligiendo los 27 mejores”. “Seguimos manteniendo que el aumento de años de cotización significa disminución de las cuantías de las pensiones, por lo que seguimos rechazando esa posibilidad, máxime al anunciar que dentro de 20 años se eliminará la posibilidad de elegir con la de 25 años”, afirma Coespe.
“Constatamos que en lo anunciado podemos ver reflejado parte de nuestras reivindicaciones y, por tanto, será una victoria del movimiento de pensionistas el que no se haya implantado los 35 años que se pretendían por la Comisión Europea a fecha del 31 de diciembre, pero por otro destacamos que se sigue apostando por endurecer las condiciones de acceso a la jubilación de las futuras generaciones”, expone en un comunicado.
Dicho esto, este colectivo de pensionistas insiste en la necesidad de que se lleve a cabo una auditoria de la Seguridad Social “en condiciones de transparencia”. “Ello indicaría el grado de salud que tiene el sistema público de pensiones y contribuiría a romper el falso relato de que no hay dinero para las pensiones”, sostiene.
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