Los pensionistas seguirán en pie de “guerra” hasta que se derogue el factor de sostenibilidad

“La guerra continúa”. El principio de acuerdo suscrito por el Gobierno con el PNV para subir las pensiones en base al IPC no es más que un “parche” electoralista. Así lo denuncia la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que advierte al Ejecutivo de Mariano Rajoy que los pensionistas no van a tirar la toalla. Seguirán protestando para, entre otras cosas, conseguir que se derogue el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero de 2019, pero que tras el mencionado pacto se ha aplazado hasta 2023.

Para este colectivo el problema sigue estando ahí, ya que además del factor de sostenibilidad, los pensionistas exigen la derogación de las reformas de 2013 y 2011. Esta última es aún “más lesiva” que la que vio la luz dos años después, ha asegurado el portavoz de la Coordinadora, Leopoldo Pelayo, en declaraciones a EL BOLETIN.

Además de ser un “parche”, Pelayo ha señalado que el acuerdo Gobierno-PNV en materia de pensiones esconde un “movimiento” por parte de los de Mariano Rajoy para “asegurarse la poltrona política” y la “continuidad” del Ejecutivo del PP hasta final de legislatura. “Nos utilizan como moneda de cambio”, critica el portavoz de la Coordinadora Estatal, que enmarca este pacto en un intento desesperado por “desmovilizar a los pensionistas” cuando queda un año para las elecciones autonómicas y locales y unos cuantos meses más para unas generales.

Y es que, en el mencionado principio de acuerdo anunciado esta semana, ni populares ni jeltzales plantean acabar con los “aspectos regresivos” de las últimas reformas. “No ha habido una solución concreta”, destaca Leopoldo Pelayo. Y menos aún una negociación “con las partes interesadas”.

De ahí que sostenga que “se ha ganado una batalla”, pero “la guerra continúa”. Y será “con más fuerza si cabe en el futuro” porque, en su opinión, “el problema es que no hay voluntad política” para dar una solución a un colectivo como el de los pensionistas, que integran millones de personas. Por ello ya han puesto fecha a la próxima movilización: será el 5 de mayo. Ese día han convocado protestas por todo el territorio nacional.

Junto a la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones y de los “aspectos negativos” de la reforma de 2011, otra de las reclamaciones de este colectivo es que se cambie el Índice de Revalorización por la actualización según el IPC de todas las pensiones, precisamente lo que acaban de pactar Gobierno y PNV, que “se devuelva todo lo perdido desde el 2011 hasta el momento actual” y que las mínimas se establezcan en los 1.080 euros que fija la Carta Social Europea.

Asimismo, reclaman que se garantice la financiación de la Seguridad Social en los Presupuestos y que se “constitucionalice” el derecho a una pensión digna y suficiente.

Pensiones “blindadas” por la Constitución

Precisamente, esta semana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que “las pensiones tienen que estar blindadas en la Constitución para que nunca más ningún Gobierno pueda jugar con la vida, la salud y los recursos de los pensionistas de nuestro país”. Según señaló el líder sindical en un acto en las inmediaciones del Congreso, “siempre hemos pensado que el Pacto de Toledo no tiene que depender del Gobierno de turno, pero el Ejecutivo del PP rompió ese acuerdo con su reforma de 2013”. Una reforma que contiene un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que, en su opinión, “hay que derogar”.

Por su parte, CCOO también ha criticado el acuerdo entre Gobierno y PNV sobre las pensiones, ya que “no corrige la reforma de 2013” y pronostica que “volveremos al 0,25%”. Para el sindicato, el sistema público “requiere visión a largo plazo y el máximo consenso posible, más que improvisaciones al margen motivadas por necesidades coyunturales”.

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