La ‘nueva normalidad’ ha llegado también a los pensionistas, que van retomando poco a poco sus movilizaciones tras el estado de alarma decretado por la crisis del Covid-19. Esta semana se han concentrado, por ejemplo, en Madrid ante el Congreso. Y sus objetivos son claros. Por un lado, que los Presupuestos Generales del Estado cubran “los gastos derivados de las medidas de protección adoptadas”. Por otro, reclaman una auditoría pública de la Seguridad Social.
“Estamos y estaremos como martillo pilón, ante las Cortes, exigiendo el sostenimiento del Sistema Público de Pensiones”, advierte la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que, cuatro meses después de la última concentración en Madrid, escenificó hace unos días su regreso a las calles.
Su ‘Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden’ volverá a escucharse por toda España en los próximos meses, ya que “en estos momentos tan críticos es necesario que las palabras no se queden vacías”. Este colectivo pide que “los hechos demuestren esas intenciones” con medidas que garanticen, por ejemplo, que el Sistema Público de Pensiones “se mantiene, se mejora y se resuelve el incierto futuro de más 9 millones de pensionistas en nuestro estado de derecho”.
Para ello, señalan que debe garantizarse que las pensiones mínimas, no contributivas y asistenciales reciban el “aumento comprometido” por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Asimismo, exigen parar el “aumento ficticio del déficit de las cuentas de la Seguridad Social, garantizando desde el Estado la compensación de los gastos impropiamente financiados por la Seguridad Social, a través de préstamos como método de financiación de las medidas tomadas para garantizar el mantenimiento del sistema productivo a través de los ERTE”.
Según COESPE, los Presupuestos del Estado “deben transferir las partidas precisas a la Seguridad Social, para cubrir los gastos derivados de las medidas de protección adoptadas”. En su opinión, “el mejor método de sostenimiento y mantenimiento del empleo en nuestro país debe estar basado en la derogación de las reformas laborales y de pensiones, negociando nuevos y mejorados sistemas que garanticen el empleo y la mejora del Sistema Público de Pensiones”.
Los planes de la Coordinadora no se quedan aquí. Además de esta campaña de “exigencia del mantenimiento y mejora” de las pensiones, este colectivo va a llevar a cabo una recogida de firmas que desembocará en el otoño/invierno con una “entrega masiva” ante el Congreso exigiendo una auditoria pública de la Seguridad Social. Un órgano que “ha sufrido un saqueo en los últimos años derivando sus fondos (recordamos el fondo de más de 60.000 millones de euros) hacia gastos impropios cuando no a la corrupción de manera directa”, afirma.
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