Los pensionistas vascos no ‘compran’ el pacto entre PP y PNV. Los jeltzales acordaron con Mariano Rajoy la semana pasada la actualización de las pensiones al nivel del IPC. Sin embargo, los pensionistas que cada lunes se manifiestan en Bilbao han vuelto a salir a la calle para rechazar ese acuerdo.
“Es el intento de desmovilizar a sus bases pues solo hay burdas intenciones”, asegura una de las personas que ha acudido a la protesta frente al Ayuntamiento de Bilbao. “En la práctica es dejar en manos del PP las decisiones y nada más”, lamentan.
“Es un acuerdo insuficiente”, aseguran.
La capital vizcaína ha vuelto a ser sede de la movilización más numerosa de pensionistas. Cerca de 2.000 personas han llenado el paseo de Uribitarte, el Puente del Ayuntamiento y parte del Arenal de Bilbao en esta mañana lluviosa de abril.
Desde que comenzaran el 15 de enero de 2018, los pensionistas vascos se han movilizado durante todos los lunes del año – a excepción del lunes de Pascua – para protestar contra las políticas ideadas por Rajoy. Este lunes supone el decimoquinto lunes de movilización desde que comenzase el año
Los congregados exigen al Ejecutivo el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años y una pensión mínima de 1.084 euros. Lo mismo que piden los pensionistas que se han movilizado este lunes en otros puntos de la península. Barcelona, Elche o Getafe han acogido también diversas concentraciones que cargan contra el acuerdo del Gobierno.
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“La guerra continúa”. El principio de acuerdo suscrito por el Gobierno con el PNV para subir las pensiones en base al IPC no es más que un “parche” electoralista. “No ha habido una solución concreta”, así lo denuncia la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que ya advirtió hace dos días al Ejecutivo de Mariano Rajoy que los pensionistas no van a tirar la toalla.
Seguirán protestando para, entre otras cosas, conseguir que se derogue el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor estaba prevista para enero de 2019, pero que tras el mencionado pacto se ha aplazado hasta 2023.
Para este colectivo el problema sigue estando ahí, ya que además del factor de sostenibilidad, los pensionistas exigen la derogación de las reformas de 2013 y 2011. Esta última es aún “más lesiva” que la que vio la luz dos años después, aseguró el portavoz de la Coordinadora, Leopoldo Pelayo, en declaraciones a EL BOLETIN.
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