Conferencia Episcopal
La decisión del Ayuntamiento de Jumilla de vetar actos no deportivos en sus instalaciones ha generado una oleada de reacciones. Tanto representantes de la comunidad musulmana como los obispos católicos han alertado del peligro que suponen este tipo de restricciones para la libertad ideológica y de culto, amparada por la Constitución española y tratados internacionales. La CEE advierte del riesgo de que se impongan criterios «arbitrarios o ideológicos» en la interpretación del orden público.
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han recordado que el artículo 16.1 de la Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, señalando que solo puede limitarse por razones objetivas relacionadas con el orden público.
La reacción de los obispos se produce después de que el Ayuntamiento de Jumilla, en la Región de Murcia, aprobara una moción impulsada por PP y Vox que busca prohibir toda actividad no deportiva en instalaciones deportivas municipales, una medida que podría vetar celebraciones religiosas como las organizadas por la comunidad musulmana con motivo del Ramadán o la Fiesta del Cordero.
Los prelados insisten en que la intervención pública sobre celebraciones religiosas debe estar motivada exclusivamente por criterios técnicos, nunca ideológicos. «Las restricciones, si buscan proteger el bien común, deben aplicarse de forma equitativa a todo tipo de manifestaciones públicas, no solo a las de carácter religioso», señalan.
“La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”, alertan los obispos
La Comisión Islámica de España fue la primera en alzar la voz contra esta moción, solicitando a las autoridades que garanticen el derecho a la libertad religiosa. El texto aprobado por el consistorio, resultado de una transaccional entre PP y Vox, fue apoyado por los populares y contó con la abstención de Vox. En él se incluyen además propuestas para promover «la identidad española» y defender los valores religiosos nacionales.
Tanto la CIE como la CEE subrayan que estas medidas suponen un ataque a la pluralidad religiosa y podrían vulnerar tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 18 reconoce el derecho a manifestar libremente la religión en público o en privado.
El texto municipal, aunque sin aludir directamente a una confesión religiosa, podría tener efectos discriminatorios sobre colectivos que celebran actos en instalaciones deportivas por falta de espacios adecuados. La comunidad musulmana ha realizado en años anteriores actos de culto en estos recintos, una práctica ahora en entredicho.
Los obispos subrayan que una sociedad democrática no puede tolerar restricciones basadas en motivos religiosos ni decisiones que afecten de forma desigual a unas confesiones frente a otras.
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