Imagen de representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), de Metges de Catalunya (MC), del Sindicato Médico Andaluz (SMA), y del Sindicato Médico de Euskadi (SME). (Foto: CESM).
Estos sindicatos médicos han unido fuerzas esta mañana para defender la necesidad de que se articule una categoría para el colectivo médico “diferenciada y superior” sobre la base de la formación y la responsabilidad de estos profesionales sanitarios.
Así se lo han hecho llegar tanto a la ministra de Sanidad, Mónica García, como al competente en la materia, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, a quienes han solicitado que se modifique la disposición transitoria tercera del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), donde figuran los diferentes grupos de clasificación profesional. Quieren que el médico pueda contar con una categoría diferente del actual grupo A1.
Esta reclamación se sustenta en que, según la normativa actual, explican en una nota, los licenciados y graduados en Medicina (360 ECTS frente a los 240 de la mayoría del resto de Grados) acreditan su titulación con un nivel Máster que se corresponde con un Grado 3 MECES nacional y un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). “Una categoría”, afirman, “que está limitada a determinados grupos profesionales por el número de créditos necesarios para su formación y la responsabilidad que conlleva el desempeño de sus funciones en el Sistema Nacional de Salud”.
Así lo ha explicado el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, al afirmar que “la reconfiguración de los grupos profesionales que recoge el EBEP en base al Plan Bolonia se debería haber hecho hace casi 10 años”. El médico pasa por “seis años de carrera, más un año de estudio (casi de encierro monacal) para hacer frente a unas oposiciones durísimas y cuatro o cinco años más de formación especializada, con jornadas semanales de 50, 60 o 70 horas. El reconocimiento debe estar a la altura de dicha exigencia formativa y sacrificio personal”, aseguraba.
Asimismo, el presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha afirmado que “es urgente abordar una reforma que reconozca el papel específico del médico en el sistema sanitario” ante la crisis que está atravesando el Sistema Nacional de Salud por la falta de facultativos.
“En lugar de avanzar en esa dirección, la Administración ha optado por asignar funciones de los médicos a Enfermería a través de consultas que atienden problemas de salud teóricamente leves (Gestión de la demanda aguda en Cataluña, Consulta de Patología Leve Aguda en el País Vasco, Consulta de Acogida en Andalucía)”, ha criticado. En este sentido, ha lamentado que “cada vez más Centros de Atención Primaria son atendidos solo por enfermeros/as” y “cada vez más unidades móviles salen a atender urgencias sin médico”.
“Relegar a los médicos a un segundo plano asignando las funciones específicas de su profesión a otros colectivos solo agravará la crisis actual de la sanidad pública”, ha advertido.
Por otro lado, las organizaciones representantes de los facultativos de toda España han insistido en que se subsane “el agravio que se mantiene, más de una década después”, respecto al recorte de la paga extra que se produjo en 2010. “El entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, un recorte a los sueldos de los funcionarios que se produjo de manera progresiva”, han recordado.
“Sin embargo, en los últimos años, las pequeñas recuperaciones que se han producido han sido lineales, de manera que los médicos siguen siendo especialmente perjudicados, puesto que todavía no han podido recuperar la cuantía total de esa paga que permita reducir la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido, añadido al encarecimiento del coste de la vida”.
En concreto, Mabel Arciniega, secretaria general del SME, ha apuntado que “a los facultativos se nos recortó un 10% respecto a un 0,5% de los operarios de servicios o celadores, y como las subidas han sido lineales, es decir, igual para todos, seguimos siendo el colectivo más agraviado, con una pérdida desde 2010 de entre 16.000 y 18.000 euros por facultativo”.
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