El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la Asamblea.
La Ley de Farmacias que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha caído como un tsunami en la sanidad pública madrileña. Pese al aplauso de los farmacéuticos, el personal sanitario ha salido en tromba a posicionarse en contra. Así ha sucedido con la Enfermería y ahora con los médicos.
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) ha encontrado varias lagunas al anteproyecto presentado por la Consejería de Sanidad. La principal, al igual que han identificado las enfermeras, gira en torno a las nuevas funciones que tendrían los farmacéuticos. Es decir, en la teleasistencia.
Es ahí donde AMYTS ha reclamado que la colaboración que pretende impulsar la Comunidad Madrid se base “exclusivamente a aquellos aspectos relacionados con la prestación farmacéutica”.
“Y debería hacerse, en todo caso, dentro de un plan integrado de atención en que se especifique claramente el papel de las farmacias y su coordinación con la actuación de los profesionales de los centros sanitarios”, han matizado los médicos madrileños.
Sin embargo, AMYTS no ha identificado esto que reclama en el proyecto de la Comunidad de Madrid: “Se atribuyen funciones de competencia en lugar de colaboración”. De esta manera, han alertado que se estaría rompiendo la “cohesión y coordinación” del sistema sanitario madrileño.
Las críticas del sindicato no se quedan ahí. En este sentido, los profesionales han puesto sobre la mesa que la Ley de Farmacias actual tiene una traducción: “El desvío de fondos de la sanidad pública hacia otros destinos”. Mientras, según vienen alertando, la Atención Primaria sigue sufriendo la “sobrecarga”.
De hecho, AMYTS ha reseñado que es dentro del propio sistema sanitario donde ya se cuenta con una plantilla de farmacéuticos, “que ha demostrado con creces su eficiencia, calidad y satisfacción”.
Por todo ello, el sindicato ha resumido que “lo pertinente sería la retirada del anteproyecto”, a la vez que se abra un “diálogo transparente entre la Consejería y las profesiones afectadas”.
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