Consejo General Poder Judicial
Así queda reflejado en el repositorio sobre este tipo de procedimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de los datos del último trimestre. Es de acceso público y ofrece datos sobre la denominada corrupción pública, un asunto que acapara los más altos índices de preocupación en la ciudadanía.
Los datos que se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Los delitos relacionados con corrupción están contemplados en el Código Penal como prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
DATOS POR COMUNIDADES
En este trimestre, en la Audiencia Nacional se acusó por corrupción a 19 personas, mientras que por comunidades autónomas la que más personas físicas y jurídicas acusó por este tipo de delito fue la Comunidad Valenciana con 69, seguida de Andalucía con 42 y Comunidad de Madrid con 12.
Son personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de primera instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia o Juzgados Centrales de Instrucción.
Por otro lado, el repositorio arroja que entre los meses de enero y marzo de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 19 sentencias en procedimientos por corrupción. De ellas, 12 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 63,1 por
ciento del total.
En marzo se conoció el dato de 2020, y el CGPJ explicó entonces que hubo un total de 261 personas a las que se les abrió juicio oral o fueron procesados por delitos de corrupción, y que además se concluyó la investigación en hasta 56 procedimientos.
Se apuntaba que los tribunales dictaron un total de 67 sentencias en este tipo de procedimientos, y que el 69 por ciento de las mismas fueron total o parcialmente condenatorias.
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