Los jueces crean una “guía de buenas prácticas” para los casos de corrupción complejos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de la Carrera Judicial con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una ágil y pronta respuesta a los mismos, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica en esta materia.

Tras años con los medios de comunicación repletos de casos judiciales que parecen nunca acabar como la Gürtel, Púnica, el caso de los EREs, la salida a Bolsa de Bankia, las tarjetas ‘black’, los ‘papeles de Bárcenas’, y así un largo etcétera, parece que el órgano de gobierno de los jueces no ve suficiente la creación, hace dos años, de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).

Basándose en el protocolo de este último órgano, el CGPJ crea ahora una guía de 95 páginas para agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los Juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.

La guía propone pautas de actuación en la investigación de tipos delictivos como las defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

Desde la organización del material de la causa al enjuiciamiento

Además de casos que nunca se cierran, la población española tampoco es ajena a procesos en los que el magistrado encargado de la instrucción de un caso acaba siendo la víctima antes que los inculpados. La salida del juez Baltasar Garzón al inicio de la Gürtel o del juez Elpidio Silva en la de Caja Madrid son buenos ejemplos.

Por ello, este catálogo parece en el fondo una guía procedimental para que los actuales miembros de la carrera judicial no se encuentren en trances similares: el catálogo abarca “todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa –donde se recomienda elaborar desde el primer momento un plan o memoria de necesidades funcionales, de personal y materiales- hasta su enjuiciamiento”, según informa el CGPJ.

En el capítulo dedicado a la fase de instrucción, por ejemplo, se abordan cuestiones como la conexidad de delitos, las piezas separadas de investigación, el secreto de las actuaciones, los volcados informáticos, las inhibiciones y los aforamientos. En el referido al juicio oral se tratan asuntos como la preparación de la vista o los motivos de suspensión.

Como se ve, todo un elenco de recomendaciones para que los jueces instructores no den pasos en falso, no solo en pos de la rapidez de la sentencia sino para evitar que la burocracia jurídica se convierta en una herramienta capaz de echar por tierra horas y horas de trabajo de la Justicia.

Medios de comunicación y filtraciones

La guía también incluye un apartado sobre una relación polémica: la de los tribunales y los medios de comunicación. El manual fija recuerda a los magistrados qué información se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento, “contribuyendo así a dar publicidad a la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias, clara señal de que ésta no se tolera”.

Sobre este asunto, la guía contiene hasta un apartado exclusivo para las “filtraciones”: “La filtración es un problema que puede afectar a principios básicos del proceso y a los derechos fundamentales de las partes”, se lee en el manual.

Pero reconoce “las dificultades que concurren para impedirlas y, en su caso, exigir las responsabilidades que correspondan a los autores de las mismas”, aunque pide “activar todos los mecanismos” para evitarlas.

Para ello, propone a los magistrados de causas complejas algunas recetas: limitar el traslado en fase previa de actuaciones grabadas, y permitir solo audio; trabajar con copias con huella digital que permitan su trazabilidad; generar circuitos restringidos, es decir, limitar el número de auxiliares judiciales con acceso al material y, por último, denunciar ante la Fiscalía los posibles delitos de revelación en casos de filtración de documentos que “causen importantes perjuicios para la instrucción o enjuiciamiento de los investigados”

La elaboración de la guía ha sido un trabajo colectivo, coordinado por el vicesecretario general del CGPJ, José Luis de Benito, de una veintena de personas que representan todas las instancias judiciales con competencias en la lucha contra la corrupción. Entre los autores figuran magistrados como Santiago Pedraz y Pablo Ruz, la teniente fiscal anticorrupción Belén Suárez y la directora de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), Isabel Tarazona.

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