La firma señala que, aunque se mantiene la tendencia de descenso de los últimos años, la actividad de estos inversores se aceleró a finales de año, con 50 campañas emprendidas en el último trimestre, «lo que da lugar a numerosas situaciones vivas» para 2022.
El comercio minorista y la tecnología, con un 16% y un 15% del capital total desplegado a nivel mundial, fueron los dos sectores más atacados por activistas en 2021.
En cuanto a los impulsores del activismo inversor, Elliot continúa como el «agitador más productivo», en términos de actividad y capital desplegado, con 17 campañas iniciadas y 5.300 millones de euros (4.600 millones de euros).
La inversión activista en Estados Unidos aumentó su número de campañas un 14% en 2021 y supuso el 55% de todo el activismo mundial, frente al 45% registrado en 2020, así como el 49% del capital desplegado, frente al 41% del año anterior.
Europa registró el año pasado 50 nuevas campañas, un 12% menos que en el año anterior, aunque experimentó un «fuerte repunte» en el cuarto trimestre, con 16 acciones.
Los principales activistas de gran capitalización continuaron siendo el centro de atención en Europa, llevando a cabo el 26% de todas las campañas, frente al 16% en 2020. El fondo activista Elliott representó el 18% del total de campañas europeas.
Por sectores, aquellos más sensibles a la recuperación, como las entidades financieras, industriales, sanitarias o de comercio minorista, fueron los principales objetivos de campañas impulsadas por activistas.
Por países, Reino Unido estuvo en el punto de mira de los principales activistas de gran capitalización y atrajo más del 40% de las campañas europeas en 2021, aunque empresas en Alemania y en los Países Bajos también fueron objetivos de los activistas.
En su informe, Lazard destaca que estos activistas lograron influir en los consejos mediante pactos que les permitieron conseguir más del 90% de los puestos, en lugar de obtenerlos por delegación de voto.
Así, de los 89 obtenidos en consejos de administración en 2021, 50 siguen en juego para 2022.
Además, los cambios en los consejos de administración reflejan una mayor diversidad de género, lo que sugiere que los activistas estarían ampliando el perfil de candidatos.
En 2021, las fusiones y adquisiciones y los cambios en el consejo continuaron siendo los objetivos más demandados por los activistas. En este sentido, Lazard señala que la rotación de directores generales se produce con «mucha frecuencia» tras la presión de los activistas en Europa.
El 43% de las campañas activistas de 2021 incluyeron una tesis vinculada con demandas de fusiones y adquisiciones, cifra por encima de la media registrada durante varios años del 39%.
Las operaciones de oposición fueron el objetivo más común, con el 19% de todas las campañas activistas. Dentro de las campañas de oposición, las que buscaban condiciones más favorables para las transacciones lograron mayores tasas de éxito que las campañas que pretendían anular operaciones.
Por otro lado, el informe destaca que los criterios ASG (ambiental, social y buen gobierno) se convierten en el pilar fundamental de las plataformas de los activistas en 2021, de forma que los ataques estratégicos centrados en estos criterios «dejaron de ser el dominio de un pequeño grupo de activistas».
Lazard señala, por último, que la nueva normativa de voto adoptada por la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) en noviembre pretende reducir las barreras de entrada, exigiendo la presentación nominal de todos los candidatos disponibles para contrarrestar el modelo binario actual de delegación de voto.
Aunque esta normativa no entra en vigor hasta el 31 de agosto de 2022, el informe afirma que los inversores activistas podrían empezar a solicitar el uso de poderes universales en la próxima temporada de representación.
La SEC ha calificado este cambio como un «aspecto importante para la democracia de los accionistas», ya que pone a los inversores que votan en persona y por delegación en «igualdad de condiciones».
Por otra parte, recoge los cambios en la política de voto anunciados por BlackRock, que permitirán devolver los derechos de votos a sus inversores finales, pudiendo incentivar a otras instituciones a seguir el ejemplo.
El cambio de BlackRock se produce casi dos años después de que Vanguard anunciara que permitiría a las gestoras de gestión activa que asesoran sus fondos de renta variable tomar decisiones de voto autónomas.
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